Sentencia N° 932 Político-Administrativa TSJ 2000: Noemí Josefina Yépez de Yalastasi vs Felida Baldelomar

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un juicio de desalojo interpuesto por Noemí Josefina Yépez de Yalastasi contra Felida Baldelomar. La Sala determinó que corresponde al Poder Judicial conocer y decidir sobre la acción de desalojo, confirmando la decisión del juzgado de origen que había declarado la falta de jurisdicción como infundada. Además, se impuso una multa a la demandada por la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada y se ordenó remitir copia del fallo al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados por faltas procesales de los abogados de la parte demandada.

La doctrina de esta Sala, que nuevamente se reitera en esta oportunidad, es que corresponde a los órganos del Poder Judicial la jurisdicción para conocer asuntos como el de autos debido a que, cuando la Administración emite un acto autorizatorio para proceder al desalojo de un inmueble, este acto simplemente lo que hace es autorizar al arrendador para que acuda ante la jurisdicción ordinaria y en ningún momento constituye obligación alguna de desalojar por parte de la misma Administración de la cual emana el acto. Ahora bien, por tener el acto emanado de la Administración carácter autorizatorio, el mismo carece de ejecutoriedad, lo que le impide a la Administración autora del mismo proceder a exigir su cumplimiento, correspondiéndole, por el contrario, al Poder Judicial la jurisdicción para resolver sobre su ejecución. Este criterio jurisprudencial ha sido reiterado en diversos casos, tales como la sentencia Nº 461 de fecha 11 de julio de 1996, Francisco Lugo Porras vs. Brunilda Caripe y en la sentencia de fecha 30 de julio de 1991, Daniel López Peitiao vs. Rafael Zamora Ortiz.

Consecuente con los criterios antes expuestos este Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad, declara que CORRESPONDE AL PODER JUDICIAL el conocimiento y decisión de la acción que por desalojo ha ejercido, a través del apoderado judicial, la ciudadana Noemi Josefina Yepez de Yalastasi contra su arrendataria el ciudadana Felida Baldelomar. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el ad quem en fecha 28 de enero de 1999. A tenor de lo previsto en el artículo 76 eiusdem, se impone multa a la a la ciudadana Felida Baldelomar, titular de la cédula de identidad número 10.181.865, parte promovente de la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios que los abogados de la parte demandada han incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria de los abogados Néstor Sayago y Luis Vera, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 10.041 y 10.235, debiendo informar a esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.