Sentencia N° 93 Político-Administrativa TSJ 2000: Administradora Yarey, C.A. vs C.A Corporación Macizo del Este

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de la jurisdicción en un juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento. La empresa demandante, Administradora Yarey, C.A., había solicitado que se declarara la jurisdicción del Poder Judicial para conocer del caso, argumentando que la falta de jurisdicción alegada por la parte demandada no era procedente. La Sala determinó que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada por la demandante.

Esta Sala observa, en primer término que, en fecha 25 de mayo de 1998, los abogados Raúl Hernández Hurtado, actuando en su carácter de apoderado judicial de la firma mercantil de este domicilio Corporación Macizo del Este, C.A., parte demandada y Aura Boccheciampe, en representación de la demandante, la firma mercantil Administradora Yarey, C.A., consignaron escrito por medio del cual “…ambas partes dan por terminado total y definitivamente en todas sus partes tanto el presente juicio como con los señalamientos efectuados en el presente documento, haciendo recíprocas concesiones (…) y solicitan se imparta la homologación de ley a la transacción aquí celebrada …”. Al respecto debe señalarse que, la figura de la falta de jurisdicción, tal como lo ha expresado esta Sala en múltiples decisiones, reviste carácter de orden público, por lo que al ser alegada, no puede ser relajada por el particular, una vez que, como en el caso presente, ha sido alegada como impugnación, esto es, mediante el recurso de regulación de jurisdicción. De allí que, una vez recibido por esta Sala el expediente contentivo de la regulación de jurisdicción, a la misma le corresponde decidir qué órgano tiene jurisdicción para conocer del caso de autos, esto es, si el asunto corresponde conocerlo a un órgano jurisdiccional o administrativo. Por lo tanto, la presentación de un escrito mediante el cual se “desiste” de la regulación y al mismo tiempo se solicita que sea homologada una transacción celebrada por las partes, no enerva los efectos que acarrea la falta de jurisdicción, en razón de que se trata de una cuestión de orden público que debe ser dilucidada a los efectos subsiguientes, como lo es, precisamente, el relativo a la homologación de la transacción. En efecto observa esta Sala que, una vez resuelta la regulación de jurisdicción por este alto Tribunal, el órgano a quien la misma le sea atribuida, es el que tiene la facultad de homologar la transacción que ha sido consignada, una vez verificados los supuestos para su procedencia.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la empresa mercantil ADMINISTRADORA YAREY C.A., contra la empresa mercantil CORPORACION MACIZO DEL ESTE, C.A., ambas antes identificadas. Queda así confirmada la decisión del Tribunal a-quo, de fecha 18 de febrero de 1997. Asimismo, se impone, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, multa a la parte demandada por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa. Igualmente, la sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas irreversibles a los deberes de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Raúl Hernández Hurtado, Inpreabogado Nº 15.889, debiendo informar a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.