Sentencia N° 929 — Sala Político Administrativa del TSJ, 11 de junio de 2014

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por Jorge Alfredo Castillo Santos contra la Resolución Nro. 01-00-000216 del Contralor General de la República, que confirmó la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por diez años. La Sala argumenta que el recurso es extemporáneo debido a la caducidad de la acción, ya que el plazo para impugnar había precluido. Además, se ratifica la firmeza del acto administrativo impugnado, dado que el recurrente no logró demostrar la ilegalidad de la decisión administrativa que lo sancionó.

La Sala se abstiene de analizar los alegatos dirigidos a enervar la validez de la declaratoria de responsabilidad administrativa, ya que el recurso contencioso administrativo de nulidad fue interpuesto fuera de plazo. Se destaca que el recurrente no presentó pruebas suficientes para desvirtuar la legalidad del acto administrativo que impuso la sanción de inhabilitación, y se concluye que la decisión del Contralor General fue conforme a derecho, por lo que se declara sin lugar el recurso interpuesto.

1.- INADMISIBLE en virtud de la caducidad de la acción, el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado contra la Decisión de fecha 26 de marzo de 2008, mediante la cual el Director de determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de la República declaró la responsabilidad administrativa del recurrente. 2.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano JORGE ALFREDO CASTILLO SANTOS, contra la Resolución Nro. 01-00-000216, dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA el 30 de octubre de 2009 y notificada al recurrente el 8 de diciembre de ese mismo año, a través de la cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución Nro. 01-00-000107 emanada del prenombrado funcionario el 5 de junio de 2009, mediante la cual se impuso al recurrente la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el período de diez (10) años. En consecuencia, FIRME el acto administrativo impugnado.