Sentencia N° 928 Político-Administrativa TSJ 2001: JESÚS BENITO TORRES LEÓN y OTROS vs Fondo de Garantía de Depósitos y…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia para conocer de la causa presentada por Jesús Benito Torres León y otros contra el FOGADE, tras haber sido declinada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Zulia. La demanda fue admitida por el tribunal inferior, pero este se declaró incompetente debido a la cuantía de la misma, que supera los cinco millones de bolívares, lo que la hace susceptible de ser conocida por esta Sala. La Sala fundamenta su decisión en el artículo 42, ordinal 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que establece la competencia de esta Sala para conocer de acciones contra la República o Institutos Autónomos cuando la cuantía exceda de cinco millones de bolívares. Se verifica que la demanda cumple con los requisitos establecidos, por lo que se acepta la competencia y se ordena remitir los autos al Juzgado de Sustanciación para continuar con el proceso. Finalmente, se ordena la publicación y registro de la sentencia, que fue firmada y sellada en Caracas el 11 de mayo de 2001.

El artículo 42, ordinal 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, textualmente establece que es competencia de esta Sala Político-Administrativa: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad”. Como puede observarse, la norma arriba transcrita establece un régimen especial de competencia a favor del Tribunal Supremo de Justicia, en todas aquellas acciones intentadas, que cumplan con las tres condiciones contempladas en la misma, a saber: 1) Que se demande a la República, a algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva; 2) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo); y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, entendiendo con ello, que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la Laboral, del Tránsito o Agraria. Debe la Sala entonces, a los fines de establecer la competencia, analizar si la acción incoada cumple o no con las condiciones antes descritas, y en tal sentido observa: En primer término, la demanda fue intentada contra el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), Instituto Autónomo creado por el Decreto Presidencial Nº 540, de fecha 20 de marzo de 1985, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 33.190, de fecha 22 de marzo de 1985, regido por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras; con lo cual se considera satisfecho el primer requisito, y así se declara. En segundo término, se observa que la demanda ha sido estimada por la parte actora DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,oo), cantidad que supera el límite mínimo de cinco millones (5.000.000,oo) establecido por la norma. Por último, el conocimiento de la demanda de que se trata no está atribuido a otra autoridad, por lo que, estima la Sala, que se cumple íntegramente con los supuestos de hecho que dan cabida, a tenor del mencionado ordinal 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, al conocimiento de la presente causa por esta Sala Político-Administrativa. Así se declara.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la presente causa, de conformidad con lo establecido en el ordinal 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, y en consecuencia, ordena remitir los autos al Juzgado de Sustanciación, a fin de que se practique la citación ordenada y se continúe con la sustanciación de la presente causa. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.