Sentencia N° 921 Político-Administrativa TSJ 2000: Sociedad Mercantil INMOBILIARIA DELCE C.A. vs Angelmiro Quiróz Díaz

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción para conocer de la acción de resolución de un contrato de arrendamiento interpuesta por la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA DELCE C.A. contra ANGELMIRO QUIRÓZ DÍAZ. Se determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para decidir sobre la acción intentada, confirmando la decisión del Juzgado Décimo Quinto que había declarado sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción planteada por la parte demandada. La Sala argumentó que corresponde al Poder Judicial el conocimiento de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza. Se destacó que la acción ejercida es de resolución de un contrato de arrendamiento por falta de pago, lo cual es competencia de los órganos jurisdiccionales según el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Finalmente, se impuso una multa a la parte demandada por haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción infundada y se ordenó remitir copia del fallo al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal por posibles faltas del abogado de la parte demandada.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de resolución de un contrato de arrendamiento, por falta de pago de los cánones de arrendamiento, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo antes mencionado, en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA DELCE C.A., contra el ciudadano ANGELMIRO QUIRÓZ DÍAZ. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el Juzgado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 07 de octubre de 1.999. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Enrique Tremont Rivas, Inpreabogado Número: 31.465, debiendo informar a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.