Sentencia N° 917 Político-Administrativa TSJ 2001: Instituto Nacional de Cooperación Educativa… vs Tecnoconsult Ingenieros…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia, declara con lugar la apelación interpuesta por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) contra la decisión del Tribunal Superior OCTAVO de lo Contencioso Tributario, que había declarado con lugar el recurso contencioso tributario de la sociedad mercantil Tecnoconsult Ingenieros Consultores, S.A. La Sala concluye que la mencionada sociedad es sujeto pasivo de la contribución prevista en la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, dado que su constitución como compañía anónima la califica como mercantil, independientemente de la naturaleza de los servicios que presta.

En virtud de la declaratoria contenida en la sentencia recurrida y de las objeciones formuladas por el apelante, en representación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), la controversia planteada en el caso sub judice queda circunscrita a decidir si la sociedad mercantil contribuyente está o no sujeta al pago del aporte previsto en el artículo 10, numeral 1, de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), por el ejercicio de sus actividades y, en consecuencia, si resulta o no procedente lo ordenado en la Resolución Nº 210.100-67-00157 de fecha 14 de marzo de 1994, expedida a su cargo por el Comité Ejecutivo del referido instituto. Sin embargo, debe esta Sala dilucidar previamente el alegato relativo a la falta de motivación de la recurrida y en tal caso su consecuente nulidad, de acuerdo con lo denunciado por el apelante a tenor de lo prescrito en los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil. Pasa la Sala a decidir, y al efecto observa. Según determina el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, específicamente en su ordinal 4º, toda sentencia debe contener los motivos de hecho y de derecho de la decisión, pues, de lo contrario, está viciada y es susceptible de ser declarada nula, conforme lo pauta el artículo 244 eiusdem, siendo esta la situación que denuncia el apelante se sucede en la presente causa respecto al fallo dictado por el a quo el 31 de mayo de 1995. Ahora bien, conforme se aprecia del propio texto de la referida sentencia, la motivación y fundamento de la declaratoria que contiene se contrajo a la sola consideración de lo que, a su decir, es jurisprudencia sentada en casos similares por los tribunales de la jurisdicción contencioso tributaria y por la extinta Corte Suprema de Justicia, en apoyo a lo cual se limitó a transcribir una sentencia dictada por ésta última en Sala Político Administrativa-Especial Tributaria el 09 de agosto de 1994 y el fallo pronunciado por el mismo tribunal en fecha 09 de diciembre del mismo año, procediendo de seguida, sin mediar análisis en torno a los particulares del caso concreto, a declarar con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por los apoderados de la sociedad mercantil aportante.

Conforme a los argumentos expuestos, esta Sala Político Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR LA APELACIÓN interpuesta por el apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (I.N.C.E.), contra la sentencia dictada en fecha 31 de mayo de 1995 por el Tribunal Superior OCTAVO de lo Contencioso Tributario, la cual decidió Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil TECNOCONSULT INGENIEROS CONSULTORES, S.A., contra la Resolución signada Nº 210.100-67-00157 de fecha 14 de marzo de 1994, expedida a su cargo por el Comité Ejecutivo del referido instituto. Por tanto, se declara improcedente la solicitud de reintegro por la cantidad de Bs. 10.623.007,14, así como el pago de los intereses moratorios supuestamente devengados por el referido monto. No obstante la declaratoria que antecede, al mediar un cambio de criterio de esta alzada respecto a la materia debatida y, por ende, motivos racionales para litigar en la presente causa, se exime a la mencionada sociedad mercantil del pago de costas procesales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 218 del vigente Código Orgánico Tributario.