Sentencia N° 917 Político-Administrativa TSJ 2000: Ramón Antonio Guillén vs Contraloría General de la República

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió negar la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado por Ramón Antonio Guillén, quien había sido sancionado por la Contraloría General de la República. La Sala argumentó que los alegatos presentados no demostraron la existencia de perjuicios irreparables que justificaran la suspensión, y que los daños patrimoniales alegados eran reparables. Además, se destacó que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos por la ley para la procedencia de medidas cautelares.

El artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia dispone que, a instancia de parte, la Corte podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la Ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Ha señalado este Tribunal, en jurisprudencia que una vez más ratifica, que la figura prevista en el indicado artículo 136 constituye una medida excepcional a los principios de ejecutividad y de ejecutoriedad del acto administrativo, derivados de la presunción de legalidad de la cual están investidas las actuaciones de la Administración. Es por ello que su procedencia, si bien se encuentra sometida a la apreciación prudente del juez, está supeditada a que se cumplan las condiciones exigidas por el legislador, a saber: que así lo permita la Ley o que la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva, circunstancias éstas que deben ser alegadas y probadas por el solicitante. Observa la Sala que si bien la norma indicada otorga al juez contencioso-administrativo un amplio poder de apreciación y ponderación en relación con la conveniencia de esta medida, debe también verificar los requisitos de procedencia de toda medida cautelar, esto es, no solamente, el peligro en la demora, sino también la presunción grave del derecho que se reclama.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión de efectos solicitada por los apoderados judiciales del ciudadano RAMÓN ANTONIO GUILLÉN, en el juicio de nulidad intentado contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución dictada por el Contralor General de la República el 06 de abril de 1999, notificada el 15 del mismo mes y año. En consecuencia, se ordena la devolución del expediente al Juzgado de Sustanciación, a fin de que la causa continúe su curso de Ley.