La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia declinada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo para conocer del recurso de nulidad interpuesto por las sociedades Inversiones Luali, S.R.L. y Royal Castle 2006 contra el Decreto N° 000366 del Alcalde Metropolitano de Caracas. Se argumenta que el acto impugnado carece de competencia y que la declaratoria de utilidad pública debe ser decretada mediante una Ordenanza Metropolitana. La Sala fundamenta su decisión en la sentencia de la Sala Constitucional que establece la separación de competencias entre la jurisdicción constitucional y la contencioso-administrativa.
Extracto de la motiva
Corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento respecto a la declinatoria de competencia y en este sentido observa que tal y como lo refirió el juzgado remitente, mediante sentencia de fecha 23 de enero de 2007, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en un caso similar al de autos, declinó la competencia para conocer del presente recurso en la Sala Político-Administrativa, bajo los fundamentos siguientes: “(…) En tal sentido, esta Sala de manera reiterada ha asentado que la vigente Constitución deslindó claramente, a diferencia del régimen anterior, la jurisdicción constitucional de la contencioso-administrativa, de manera que sólo se incluye dentro de la primera a los actos que sean dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y dentro de la segunda a todo acto sub-legal, aunque en él se denuncien vicios de inconstitucionalidad. (omissis) De allí que, en principio, la intención del Constituyente de 1999 fue la de reservar a esta Sala el conocimiento de todos los actos de cualquier órgano del Poder Público –nacional, estadal o municipal-, que sean ejecución directa e inmediata de la Constitución, excluyendo el de las demandas contra actos de rango sub-legal, salvo casos excepcionales, en atención al artículo 5.50 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de que se trate de la pretensión de nulidad de un acto administrativo conjuntamente con la nulidad de la norma legal que le sirve de base, que no es el supuesto de autos. Ahora bien, la parte actora calificó al decreto N° 000266 como acto de rango legal, partiendo de la premisa de que en sus considerandos se invocó una disposición constitucional, aparte de algunas legales. Al respecto, apunta esta Sala que el rango legal de un acto no deriva del hecho de que su autor invoque normas constitucionales como fundamento de su competencia, sino de que efectivamente el acto que se trate sea ejecución directa e inmediata de la Constitución. Los actos de rango legal pertenecen generalmente a la esfera de los órganos parlamentarios, independientemente del nivel territorial. El Decreto impugnado a tenor de lo establecido en el artículo 54.4 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, es un acto administrativo de efecto general dictado por el Alcalde –en este caso del Alcalde Metropolitano- en ejercicio de poderes típicamente administrativos, razón por la cual los demandantes yerran en la calificación del rango del acto impugnado.
Dispositiva
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA la competencia que le fuera declinada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, para conocer del presente recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos. En consecuencia, se ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronuncie sobre la admisión, con excepción de la competencia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.
Palabras clave
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