Sentencia N° 902 Político-Administrativa TSJ 2000: Sumitomo Corporation de Venezuela S.A. vs Ministerio de Hacienda

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la solicitud de suspensión de efectos de la Resolución Nro. 00009 del 29 de junio de 1998, presentada por la empresa SUMITOMO CORPORATION DE VENEZUELA, S.A. La Sala consideró que los argumentos presentados por la recurrente no eran suficientes para justificar el perjuicio irreparable alegado, ya que no se aportaron pruebas concretas que demostraran la afectación a su estabilidad económica. Además, se destacó que los daños alegados eran reparables y que la posible imposición de multas era incierta.

El artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia dispone que, a instancia de parte, la Corte podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la Ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Ahora bien, ha señalado este Tribunal, en jurisprudencia que una vez más ratifica, que la figura prevista en el indicado artículo 136 constituye una medida excepcional a los principios de ejecutividad y de ejecutoriedad del acto administrativo, derivados de la presunción de legalidad de la cual están investidas las actuaciones de la Administración. Es por ello que su procedencia, si bien se encuentra sometida a la apreciación prudente del juez, está supeditada a que se cumplan las condiciones exigidas por el legislador, a saber: que así lo permita la Ley o que la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva, circunstancias éstas que deben ser alegadas y probadas por el solicitante. Observa la Sala que si bien la norma indicada otorga al juez contencioso-administrativo un amplio poder de apreciación y ponderación en relación con la conveniencia de esta medida, debe también verificar los requisitos de procedencia de toda medida cautelar, esto es, no solamente el peligro en la demora, sino también la presunción grave del derecho que se reclama.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la solicitud formulada por la empresa SUMITOMO CORPORATION DE VENEZUELA, S.A. de suspensión de los efectos de la Resolución Nro. 00009 del 29 de junio de 1998, emanada del MINISTERIO DE HACIENDA (actualmente denominado Ministerio de Finanzas). En consecuencia, se ordena la devolución del expediente al Juzgado de Sustanciación, a fin de que la causa continúe su curso de Ley.