Sentencia N° 899 — Sala Político Administrativa del TSJ, 17 de junio de 2003

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió negar la solicitud de suspensión de efectos del Decreto N° 2.257, emanado de la Presidencia de la República, solicitado por el Gobernador del Estado Anzóategui. La decisión se fundamenta en la falta de acreditación de los perjuicios que se alegaron por el recurrente, así como en la necesidad de evitar que la medida cautelar otorgue efectos similares a una resolución definitiva. La Sala enfatiza que la suspensión de efectos es una medida preventiva que debe ser justificada adecuadamente por el solicitante.

Es criterio reiterado de este Alto Tribunal, que la suspensión de efectos de los actos administrativos a que se refiere el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, constituye una medida preventiva establecida por nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del auto, porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso. En este sentido, debe el Juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente. Así, la norma prevista en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia dispone: “A instancia de parte, la Corte podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la Ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Al tomar su decisión la Corte podrá exigir que el solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio. La falta de impulso procesal adecuado, por el solicitante de la suspensión, podrá dar lugar a la revocatoria de ésta, por contrario imperio.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión de efectos del Decreto N° 2.257, emanado de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, en fecha 28 de diciembre de 2002, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.608 de fecha 13 de enero de 2003, reimpresa en fecha 16 de enero de 2003, en la Gaceta Oficial N° 37.611, solicitada por el ciudadano David De Lima Salas, en su condición de GOBERNADOR DEL ESTADO ANZÓATEGUI.