Sentencia N° 89 Político-Administrativa TSJ 2001: José Luis Fuenmayor vs Instituto Agrario Nacional — Declinación de competencia…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto negativo de competencia en relación a una acción de amparo autónoma interpuesta por José Luis Fuenmayor contra el Instituto Agrario Nacional. La Sala determinó que, dado que el caso versa sobre un amparo constitucional, la competencia para decidir corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, declinó su competencia y ordenó remitir el expediente a la mencionada Sala.

Para decidir la Sala observa: Del examen de las actas que componen el expediente, se observa que el presente caso versa sobre el conflicto negativo de competencia, derivado de la declaratoria de incompetencia que tanto el Juez a quo como el Juez ad quem, hicieran en fechas 21 de septiembre de 1971 y 6 de octubre de 1971, respectivamente. En este sentido, dispone el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil: “Artículo 70.- Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitara de oficio la regulación de la competencia.” Asimismo, establece el artículo 71 eiusdem: “Artículo 71.- La solicitud de regulación de competencia se propondrá ante el juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aún en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior”. (Subrayado de la Sala). Del análisis de las normas supra transcritas, se evidencia el régimen atributivo de competencia a favor de este Supremo Tribunal, para conocer de los conflictos de competencia planteados por un Tribunal Superior, sin embargo, no precisan los indicados artículos, cuál de las Salas de este Supremo Tribunal es la llamada a dirimir el conflicto de competencia suscitado, por lo que es preciso determinar, a la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala a la cual corresponde decidir el conflicto planteado, razón por la cual se pasa a resolver, en los siguientes términos: La vigente Constitución otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas, y deja a cargo de la respectiva ley orgánica la distribución del resto de las mismas, no atribuidas expresamente por ella; dicha ley orgánica deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional, dentro del primer año contado a partir de su instalación, conforme a lo previsto en el numeral 5 de la Disposición Transitoria Cuarta de la nueva Carta Magna. A los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado en todos sus poderes, debe este Supremo Tribunal continuar con su labor de máximo administrador de justicia; así, aún cuando no exista hasta el presente la aludida ley orgánica reguladora de sus funciones, las distintas Salas se encuentran con la necesidad y el deber de conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo principalmente al criterio de la afinidad que exista entre la materia debatida en cada caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas. Así, el vigente Texto Fundamental establece en el último aparte de su artículo 266, que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Siguiendo los razonamientos precedentemente expuestos y visto que la presente causa versa sobre un conflicto negativo de competencia en materia de amparo constitucional autónomo, esta Sala atendiendo al criterio material de competencia, resulta incompetente para dirimir la cuestión de competencia planteada, por corresponder ésta a la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, y así se decide.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la regulación de competencia planteada en la acción de amparo intentada por JOSÉ LUIS FUENMAYOR, contra el Instituto Agrario Nacional, en la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.