La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana Migdalía M. González contra el acto administrativo de remoción de su cargo como Jefe Revisor de la Notaría Pública Novena del Municipio Libertador. La decisión se basa en la falta de competencia de la Sala para conocer el recurso, ya que el acto impugnado fue dictado por el Ministro del Interior y Justicia. Se resalta la importancia de garantizar los derechos laborales y la estabilidad de los funcionarios públicos.
Extracto de la motiva
La presente controversia está circunscrita a determinar la validez de un acto administrativo dictado por el ciudadano Ministro del Interior y Justicia, mediante el cual fue removida de su cargo la ciudadana recurrente, así como la suspensión temporal de sus efectos, en virtud de la interposición de una acción de amparo cautelar de manera conjunta con el recurso contencioso de nulidad. Al respecto, advertida como ha sido la naturaleza funcionarial del acto administrativo impugnado, es menester de la Sala reproducir el contenido del artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual es del tenor siguiente: “Artículo 93: Corresponderá a los tribunales competentes en materia contencioso administrativo funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, en particular las siguientes: Las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública. Las solicitudes de declaratoria de nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos.”
Dispositiva
Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el presente recurso de nulidad ejercido de manera conjunta con acción de amparo constitucional, interpuesto por los abogados Felicia Katiusha Hernández y Antonio J. Paraco M., actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MIGDALIA M. GONZÁLEZ; contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 091 de fecha 02 de marzo de 2004, dictado por el ciudadano MINISTRO DEL INTERIOR Y JUSTICIA. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Palabras clave
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