Sentencia N° 887 Político-Administrativa TSJ 2001: Asociación de Vecinos DEL Parque Central vs Inmobiliaria de Parque Central C.A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia en una acción de amparo presentada por la Asociación de Vecinos del Parque Central contra la Inmobiliaria de Parque Central C.A. El juzgado de origen se declaró incompetente, argumentando que la controversia debía ser conocida por la Sala Constitucional debido a la naturaleza constitucional del asunto. La Sala, tras analizar los fundamentos, decidió declinar la competencia a la Sala Constitucional, enfatizando la importancia de la correcta distribución de competencias según lo establecido en la Constitución.

La Sala observa que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, fundamentó su decisión de fecha 7 de abril de 2.000 mediante la cual se declaró incompetente para conocer de la presente acción autónoma de amparo declinando la competencia en esta Sala Política administrativa, en lo que a continuación se transcribe: “La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo Nro. 7, crea un criterio de afinidad para atribuir a los jueces de Primera Instancia la competencia en esta materia. Afinidad que no podría entenderse por la exclusiva naturaleza de los derechos o garantías en cuestión, ya que éstos – como lo ha dicho la jurisprudencia- muestran en muchas cosas una naturaleza neutra; sino la afinidad debe referirse a la competencia común que hubiese podido actualizarse frente a los mismos hechos denunciados.- Con este criterio es evidente que si la parte denunciada como agraviante, es una empresa pública; ya que la inmobiliaria Parque Central C.A., es propiedad en un 100% Centro Simón Bolivar (sic) C.A., y éste a su vez es propiedad del estado en un 100%, estamos entonces ante la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, de conformidad con los tres niveles previstos en los artículos 42 Nro. 15, 185 Nro 6 y 182 Nro. 2 de la Ley Orgánica de la Corte (hoy Tribunal) Supremo de Justicia (...) Pues bien, aunque no aparece del libelo de demanda de amparo que esta hubiese sido estimada expresamente por un valor determinado; sin embargo, se habla de daños materiales por 30 millones (...); es por ello que no nos queda duda que este asunto debe ser conocido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (...)” (subrayado de la Sala). Ahora bien, debe señalar esta Sala que la vigente Constitución otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. A los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aun cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este Supremo Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas (véase decisión de esta Sala del 17 de enero del presente año, caso: José Ramírez Córdoba vs. Consejo Nacional Electoral). En este sentido, la vigente Constitución establece en su artículo 266 que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional, y, por tanto, a ella corresponde no solamente la interpretación del Texto Fundamental, sino la fijación de criterios uniformes que permitan la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la materia cuyo conocimiento le ha sido atribuido. En el caso de autos, la controversia está referida a una acción de amparo constitucional interpuesta contra INMOBILIARIA DE PARQUE CENTRAL C.A., por lo que al tratarse de una materia constitucional, resulta forzoso para esta Sala declinar la competencia para la regulación pertinente en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

En virtud de los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente acción en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.