Sentencia N° 881 Político-Administrativa TSJ 2000: Doris Alicia Justo Rospiliosi vs Alejandro Villegas — Regulación de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción solicitada por la ciudadana Doris Alicia Justo Rospiliosi contra el ciudadano Alejandro Villegas. Se determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción de desalojo, confirmando la decisión del tribunal de instancia que había declarado sin lugar la falta de jurisdicción opuesta por el demandado. Además, se impuso una multa al demandado por la interposición de un recurso manifiestamente infundado y se ordenó remitir copia del fallo al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados para evaluar la conducta de los abogados del demandado.

De la lectura del libelo se evidencia que la parte actora, a través de su apoderada judicial, en uso de la autorización contenida en la Resolución Nº 1431 de fecha 18 de mayo de 1995, emanada de la Dirección General Sectorial de Inquilinato del Ministerio de Desarrollo Urbano, procedió a demandar ante el a quo la desocupación del inmueble, como consecuencia de haber transcurrido suficientemente el lapso acordado en dicha Resolución, para que el arrendatario desocupara voluntariamente el inmueble. Es así como el ente administrativo, demostrados como fueron los hechos alegados, se limitó a autorizar a la arrendadora para proceder ante la jurisdicción ordinaria, es decir, emitió un verdadero acto autorizatorio para que la arrendadora ejerciera la acción correspondiente en vía jurisdiccional, razón por la cual el acto en cuestión carece de ejecutoriedad, no pudiendo por tanto la Administración autora del mismo, proceder a exigir su cumplimiento, mediante su ejecución por el propio ente administrativo, correspondiéndole, por el contrario al Poder Judicial resolver sobre dicho cumplimiento coactivo. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la ciudadana DORIS ALICIA JUSTO ROSPILIOSI contra el ciudadano ALEJANDRO VILLEGAS, antes identificados. Queda así confirmada la decisión dictada por el Tribunal a quo, en fecha 21 de abril de 1999. A tenor de lo previsto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa al ciudadano ALEJANDRO VILLEGAS, con cédula de identidad Nro. 976.054, parte promovente de la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que las abogadas de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria de las abogadas Della Beatriz Villegas y Melba Ledezma, con cédulas de identidad número 6.556.706 y 6.653.900 e inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 28.206 y 41.216 respectivamente, debiendo informar a esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.