Sentencia N° 878 Político-Administrativa TSJ 2000: Rafael Fuentes, Samuel Navarro, Eduardo… vs Asociación Civil Unión Bocaina A.C.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la nulidad de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Civil Unión Bocaina, celebrada el 14 de abril de 1996. Los demandantes, representados por el abogado Robert Rodríguez, argumentaron que la asamblea fue realizada sin el debido procedimiento. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer el caso, en virtud del derecho de acceso a la justicia consagrado en la Constitución.

En el presente caso, los demandantes pretenden la nulidad de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en fecha 14 de abril de 1996, por la Asociación Civil Unión Bocaina A.C. El apoderado judicial de la demandada plantea que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para el caso, sino que, por el contrario, el conflicto debe ser resuelto en el seno de la propia Asociación Civil. A este respecto, conviene señalar que en atención a lo dispuesto en el artículo 26 de la Carta Magna, todos tienen derecho de acceso a los órganos de administración de justicia a los efectos de hacer valer sus derechos e intereses, disposición ésta que deja abierta la posibilidad a cualquier interesado de acudir a los órganos jurisdiccionales cuando así lo estime necesario. Es por ello que en aplicación de lo dispuesto en la norma constitucional, en concordancia con el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil, considera esta Sala que la cuestión planteada, consistente en el ejercicio de una acción de nulidad de asamblea, puede ser conocida y decidida por los órganos jurisdiccionales. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por los ciudadanos Rafael Fuentes, Samuel Navarro y Eduardo Sánchez contra la Asociación Civil Unión Bocaina A.C. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 20 de julio de 1998. A tenor de lo previsto en el artículo 76 eiusdem, se impone multa a la ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN BOCAINA, A.C., parte promovente de la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado William Ganem Barbella, con cédula de identidad número 7.106.494 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 39.864, debiendo informar a esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.