La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, confirma la inadmisibilidad de la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta contra el Estado Trujillo y otras entidades. La decisión apelada había declarado inadmisible la demanda por no haberse agotado el procedimiento administrativo previo requerido para demandas de contenido patrimonial contra la administración pública. La Sala destaca que las cantidades reclamadas en sede judicial no coinciden con las presentadas en el antejuicio administrativo, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos legales necesarios para la admisión de la acción.
Extracto de la motiva
La Sala Político-Administrativa ha establecido que las apelaciones contra decisiones del Juzgado de Sustanciación no requieren fundamentación, por lo que se pasa a decidir la conformidad a derecho del auto apelado. En este caso, se observa que la decisión apelada estableció que las cantidades reclamadas en sede judicial difieren de las presentadas en el antejuicio administrativo, lo que lleva a entender que no se ha agotado el requerimiento legal. La parte actora debe demostrar el cumplimiento del procedimiento administrativo previo a la interposición de la demanda, lo cual no se ha evidenciado en este caso. Por lo tanto, se confirma la inadmisibilidad de la demanda.
Dispositiva
1.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido el 25 de abril de 2018 contra la decisión Nro. 356 dictada por el Juzgado de Sustanciación el 17 de abril de 2018, que declaró inadmisible la demanda por indemnización de daños y perjuicios incoada por los ciudadanos FIORELLA BATTISTEL TOMADA, ANTONIO BATTISTEL TOMADA y MARIELA IVETTE SALAZAR DE BATTISTEL y las sociedades mercantiles TENERÍA VALERA, C.A. y CONCRETERA JALISCO, C.A., contra el ESTADO TRUJILLO y las sociedades de comercio PDVSA INDUSTRIAL, C.A., y CONSTRUPATRIA, C.A. 2.- Se CONFIRMA la decisión apelada.
Palabras clave
indemnizacióndaños y perjuiciosapelacióninadmisibilidadprocedimiento administrativo