Sentencia N° 870 Político-Administrativa TSJ 2000: Alfonso Guariguata, Yoel Quevedo, Nelson… vs Consejo Directivo del Instituto…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia revisó la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar interpuesta por varios ciudadanos contra una resolución del Consejo Directivo del Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello. La Sala confirmó la decisión de la Corte, argumentando que la acción de amparo no cumplía con los requisitos necesarios al ser interpuesta de forma concurrente con un recurso contencioso administrativo de nulidad. Se destacó la importancia de la accesoriedad de la acción de amparo y la exclusividad de los medios cautelares en este contexto.

Del estudio y análisis pormenorizado de la presente causa, pueden observarse importantes particularidades tanto de naturaleza sustantiva como adjetiva, en este sentido, corresponde como punto preliminar el pronunciamiento de las últimas, toda vez que, han sido éstas las que sirvieron de basamento para la dispositiva del a quo, mediante sentencia de fecha 18 de noviembre de 1998. Como primera particularidad, se observa, el carácter de conjunción en la interposición de la acción de amparo, esto es, la condición de accesoriedad que ésta última reviste cuando es conjuntamente interpuesta con un recurso contencioso administrativo de nulidad, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En este sentido, reitera una vez más ésta Sala, que para casos como el de marras, tal interposición conjunta releva al órgano judicial que conozca de la acción, del previo examen sobre los motivos de inadmisibilidad a que se contrae el artículo 6 eiusdem, visto la intrínseca naturaleza precautelativa que encierra. Relevo éste último, únicamente referido a la ocasión inmediata en que sea interpuesta la acción, pues, subsistirá semejante deber, para el momento en que se dicte la sentencia definitiva sobre el amparo cautelar, es decir, que aún cuando no es dable al juez constitucional examinar los supuestos del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales una vez interpuesto el amparo cautelar, no obstante, de ser verificadas, éstas deben ser declaradas al momento de la sentencia por su notable carácter de orden público, en cuyo caso, la dispositiva tendría que ser la declaratoria de improcedencia y no, la de inadmisibilidad, toda vez que para dicha oportunidad se entiende que el procedimiento de amparo ya ha sido verificado en su totalidad.

Por las razones expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 18 de noviembre de 1998 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo por la cual se declaró IMPROCEDENTE la solicitud cautelar de amparo, conjuntamente interpuesta con recurso de nulidad, por los ciudadanos ALFONSO GUARIGUATA, YOEL QUEVEDO, NELSON RODRIGUEZ, CARLOS GONZALEZ, WLADIMIR GUZMAN, LIGIANA GONZALEZ, SERGIO UTRERA Y WUINGRE FERNANDEZ, asistidos por el abogado ENRIQUE COLINA FUENTES, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 9.778, contra la Resolución dictada por el Consejo Directivo del Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello (I.U.T.P.C) en fecha 9 de septiembre de 1998. En consecuencia, devuélvase el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a fin de que se continúe la tramitación de rigor correspondiente a los fines de que sean decididas las restantes medidas cautelares solicitadas y la decisión de fondo del recurso principal. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.