Sentencia N° 865 Político-Administrativa TSJ 2000: Maria DEL Valle Fernandez vs Fondo de Garantia de Depositos y Proteccion…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decide declinar su competencia en favor de la Sala Constitucional respecto a la acción de amparo interpuesta contra una sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo. Se argumenta que, a pesar de la falta de una ley orgánica que regule las funciones del Tribunal, este debe continuar administrando justicia y conocer de los casos que cursaban ante la extinta Corte Suprema de Justicia. La decisión se fundamenta en la interpretación de competencias establecida por la Sala Constitucional en sentencias previas.

Correspondería a esta Sala pronunciarse acerca del amparo interpuesto, sin embargo, vistas las actuaciones y cambios producidos en el sistema jurídico positivo venezolano, con motivo de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por referéndum de fecha 15 de diciembre de 1999 y publicada en Gaceta Oficial N° 36.860 del 30 de diciembre de 1999, se observa lo siguiente: El artículo 262 de la referida Carta Magna dispone que el Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en Sala Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas competencias son las determinadas en esta Constitución y en la Ley Orgánica respectiva, por tanto, se estima que, mientras se promulga la aludida ley, las distintas Salas de este Tribunal Supremo deben conocer de la causas que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como de aquellas que ingresen a este órgano jurisdiccional, atendiendo al criterio de la afinidad que exista con el asunto debatido en cada uno de los casos en concreto y la especialidad de cada una de las Salas. Asimismo, la vigente Constitución otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. Ahora bien, a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aún cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este alto Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA en la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, la competencia para conocer de la acción de amparo interpuesta contra la sentencia dictada en fecha 4 de agosto de 1998 por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, que declaró CON LUGAR la apelación interpuesta por la abogado MARBENI SEIJAS, actuando en su carácter de apoderada judicial del FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS Y PROTECCION BANCARIA (FOGADE). Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.