La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre el recurso de apelación interpuesto por Corp Banca, C.A. contra la sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo que declaró improcedente la solicitud de suspensión de efectos de ciertas resoluciones administrativas. La Sala confirmó la decisión de la Corte, argumentando que no se presentaron pruebas suficientes que demostraran un daño irreparable o de difícil reparación, requisito necesario para la procedencia de la medida cautelar solicitada. Se destacó que la reestructuración de los créditos no implicaba un daño irreparable, y que la eventual imposición de sanciones no era suficiente para justificar la suspensión de los actos administrativos impugnados.
Extracto de la motiva
La Sala considera que en el caso bajo examen no es posible presumir en esta etapa del proceso el requisito de procedencia de las medidas cautelares relativo al periculum in mora, por lo que es innecesario el análisis del fumus boni iuris, por cuanto ambos requisitos deben ser concurrentes. Así se establece. En consecuencia, esta Alzada declara sin lugar la apelación formulada por la representación judicial de la sociedad mercantil Corp Banca, C.A., Banco Universal, y confirma en los términos expuestos en este fallo la sentencia N° 2007-02062 del 16 de noviembre de 2007 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Así se declara.
Dispositiva
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación intentado por la representación judicial de la sociedad mercantil CORP BANCA, C.A. BANCO UNIVERSAL, antes identificada, contra la sentencia N° 2007-02062 del 16 de noviembre de 2007 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por esa institución financiera contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nros. SBIF-DSB-GGCJ-GLO-14397 del 8 de agosto de 2007, SBIF-DESBGGCJ-GLO-14464 del 9 de agosto de 2007 y SBIF-DSB-GGCJ-GLO-15381 del 23 de agosto de 2007, emanadas de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, mediante las cuales se estableció que luego del ‘análisis financiero’ los contratos celebrados entre [su] representada y las ciudadanas Evelyn Margarita Lucena Bravo, Ana Elena Torres, y María de las Mercedes Casado Jiménez, se encuentran enmarcados dentro de la definición de créditos destinados a la adquisición de vehículos con reserva de dominio bajo la modalidad de ‘cuota balón’. En consecuencia, se CONFIRMA el fallo apelado en los términos expuestos en esta decisión.
Palabras clave
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