Sentencia N° 858 Político-Administrativa TSJ 2000: Omar Carreño Rodriguez vs Marie Cecile Lapierre — Declaración de procedencia…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia concede el exequátur solicitado por OMAR CARREÑO RODRIGUEZ para la ejecución de la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal de Gran Instancia del Departamento del Sena en París. Se argumenta que se cumplen los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano, incluyendo la prueba de reciprocidad entre Venezuela y Francia. La decisión se fundamenta en la jurisprudencia y en la normativa aplicable, destacando la importancia de la reciprocidad para la procedencia del exequátur.

Admitida la competencia del esta Sala, para conocer de la presente solicitud de exequátur, de conformidad con lo previsto en el artículo 42, numeral 25 de la Corte Suprema de Justicia, el cual establece: Es de la competencia de esta Corte como más Alto tribunal de la República: numeral 23 “Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias extranjeras de acuerdo con lo previsto en los Tratados Internacionales o en la Ley”. Esta Sala debe citar en el caso de autos, la sentencia de fecha 19 de noviembre de 1992, en el juicio de HERMANCE SUZANNE ALIX y JEAN ROGER LASSAGNE, en la cual se reiteró la reciprocidad existente en materia de Exequátur entre el estado venezolano y el estado francés. Siendo la reciprocidad condición sine qua non para la procedencia del exequátur, tal como lo prevé el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: “...solo las sentencias dictadas en países donde se conceda ejecución de las sentencias firmes producidas por tribunales venezolanos, sin previa revisión en el fondo, podrán declararse ejecutorias en la República. Tal circunstancia deberá probarse con instrumento fehaciente.” Y observando esta Sala que en el caso de autos se cumplen los demás requisitos que a tal efecto establece el artículo 851 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en cuanto a la eficacia de las sentencias extranjeras en nuestro país, los cuales establecen: “Artículo 851: Para que a la sentencia extranjera pueda fuerza ejecutoria en Venezuela, se requiere que reúna los siguientes requisitos: 1º) Que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción que le correspondiere para conocer del negocio, según los principios generales de la competencia procesal internacional previstos en este Código. 2º) Que tenga fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual ha sido pronunciada. 3º) Que haya sido dictada en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas. 4º) Que el demandado haya sido debidamente citado conforme a las disposiciones legales del Estado donde se haya seguido el juicio y de aquel donde se haya efectuado la citación, con tiempo bastante para comparecer y que se le hayan otorgado las garantías procésales que aseguren una razonable posibilidad de defensa. 5º) Que no choque contra sentencia firme dictada por los Tribunales Venezolanos. 6º) Que la sentencia no contenga declaraciones ni disposiciones contrarias al orden público o al derecho público interior de la República.” En virtud de que se han cumplido los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico venezolano vigente, este Alto tribunal concede el exequátur solicitado.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara procedente la solicitud de exequátur, introducida por la apoderada judicial del ciudadano OMAR CARREÑO RODRÍGUEZ, de la sentencia dictada por el tribunal de Gran Instancia del Departamento del Sena en París que disolvió el vínculo matrimonial que existía entre los cónyuges OMAR CARREÑO RODRÍGUEZ y MARIE CECILE LAPIERRE. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.