La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por Alejandro Antonio Castillo Rojas contra la decisión del Director (E) de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Contraloría General de la República, que había declarado sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el demandante. La Sala concluye que el demandante no estaba obligado a presentar la declaración jurada de patrimonio, ya que no ostentaba la condición de 'alto funcionario' en el periodo correspondiente. Por lo tanto, se anula la sanción impuesta.
Extracto de la motiva
Conforme se desprende del expediente administrativo, los hechos que dieron origen al recurso de nulidad interpuesto, ocurrieron de la manera siguiente: Según comunicación número 0612 de fecha 8 de julio de 2010, la Secretaria Ejecutiva del Consejo General de Policía, por instrucciones del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, solicitó a la Contraloría General de la República “información sobre si el ciudadano Alejandro Antonio Castillo Rojas (…), realizó la declaración jurada de patrimonio conforme a lo establecido en la Ley Contra la Corrupción”. El 5 de octubre de 2010, el Director (E) de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Contraloría General de la República, actuando por delegación del entonces ciudadano Contralor General de la República, acordó iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio contra el ciudadano Alejandro Antonio Castillo Rojas, hoy recurrente, por cuanto presuntamente no cumplió con la obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio correspondiente al ingreso de sus funciones públicas en la Policía Metropolitana del Distrito Metropolitano y por no haber consignado la actualización de la referida declaración durante los períodos 2009 y 2010. En fecha 23 de noviembre de 2010, la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Contraloría General de la República dictó la Resolución número 08-02-2010-LCC-078-RM-068, mediante la cual acordó imponer la sanción de multa al ciudadano Alejandro Antonio Castillo Rojas, por la cantidad de doscientos dieciocho coma setenta y cinco unidades tributarias (218,75 U.T.), por cuanto ”no cumplió con la obligación de presentar las declaraciones juradas de patrimonio actualizadas correspondientes a los años 2009 y 2010, de conformidad con la Resolución N° 01-00-057 de fecha 26 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.148 de fecha 27 de marzo de 2009, en consecuencia, incurrió en el supuesto de sanción previsto en el artículo 33, numeral 3 de la Ley Contra la Corrupción.
Dispositiva
CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano ALEJANDRO ANTONIO CASTILLO ROJAS contra el acto administrativo contenido en la decisión dictada el 14 de febrero de 2011 por el Director (E) de la DIRECCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, actuando por delegación del entonces ciudadano Contralor General de la República. En consecuencia, NULO dicho acto.
Palabras clave
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