Sentencia N° 838 Político-Administrativa TSJ 2000: Fondo de Inversiones de Venezuela — Avocamiento del Fondo de Inversiones de…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decide sobre la solicitud de avocamiento presentada por el Fondo de Inversiones de Venezuela, argumentando la existencia de desorden procesal y la necesidad de proteger intereses públicos en el contexto de un juicio relacionado con la privatización de Cemento Andino S.A. La Sala establece que se cumplen los requisitos para el avocamiento, dado que el asunto involucra la competencia del tribunal y razones de interés público que justifican la intervención del Máximo Tribunal. Finalmente, se ordena suspender la remisión del expediente al tribunal de origen para decidir sobre la solicitud de avocamiento.

La Sala Político Administrativa ha precisado anteriormente que el establecimiento de esta institución procesal no fue regulada suficientemente por el legislador, es decir, que no se determinaron con precisión cuales eran los supuestos o requisitos de procedencia para acordarla. Por tal razón, ha recaído en la Sala el análisis y la interpretación de cada solicitud, labor ésta de la cual se ha obtenido la concreción de ciertos supuestos de procedencia que la jurisprudencia ha venido reiterando como elementos esenciales para su configuración. Ciertamente, este ha sido el criterio de la Sala al manifestar que el avocamiento es una institución de naturaleza discrecional y excepcional, de allí la necesidad de verificar previamente el cumplimiento de estos requisitos, en concreto, este Máximo Tribunal ha señalado que: "...El avocamiento constituye una institución jurídica excepcional (...) Su procedencia está necesariamente sujeta al cumplimiento de ineludibles requisitos, pues de ser acordado, subvierte la competencia natural otorgada a los órganos jurisdiccionales, trastocando el orden procesal legal previamente establecido..." (Vid. sentencia de fecha 18 de febrero de 1999, caso: Inmobiliaria del Tuy, C. A vs. Gobernación del Estado Miranda). En síntesis los requisitos que reiteradamente ha venido exponiendo la jurisprudencia de esta Sala pueden sistematizarse en los siguientes: 1.- Que el objeto de la solicitud de avocamiento sea de aquellas materias que estén atribuidas ordinariamente, por el legislador, al conocimiento de los tribunales, aún cuando no sea strictu sensu materia contencioso administrativa. 2.- Que un asunto judicial curse ante algún otro Tribunal de la República. 3.- Debe tratarse de un caso de manifiesta injusticia o, cuando en criterio de la Sala, existan razones de interés público o social que justifiquen la medida o, cuando sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo amerite en razón de su trascendencia o importancia; 4.- Que en el juicio cuya avocación se ha solicita exista un desorden procesal de tal magnitud que exija su intervención, si se advierte que bajo los parámetros en que se desenvuelve no se garantiza a las partes el debido equilibrio a sus pretensiones.

Por lo anteriormente expuesto, esta Sala Política Administrativa ordena suspender la remisión del expediente Nro.13.367, al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, a fin de decidir la solicitud de avocamiento en función de los planteamientos efectuados por los apoderados del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), como de la parte opositora a la solicitud de avocamiento. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase con lo ordenado.