Sentencia N° 828 — Sala Político Administrativa del TSJ, 31 de octubre de 2024

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en la que se confirma la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer de la demanda de desalojo interpuesta por Corina Mercedes Rojas Cauto contra María del Rosario Rojas Alvarado. La decisión se basa en la existencia de una cláusula compromisoria de arbitraje en el contrato de arrendamiento entre las partes, lo que implica que las controversias deben ser resueltas por un tribunal arbitral y no por el Poder Judicial. La Sala también ordena informar a la Sala Constitucional sobre la desaplicación de una norma que prohíbe el arbitraje en materia de arrendamientos comerciales.

De acuerdo a la norma precedentemente transcrita, corresponderá el conocimiento de los procedimientos en materia de arrendamientos comerciales a los tribunales de la República, de acuerdo al siguiente régimen competencial: i) en cuanto a la impugnación de los actos administrativos emanados del órgano rector, la competencia judicial en el Área Metropolitana de Caracas corresponde a los Juzgados Superiores de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y en el resto del país, corresponderá a los Juzgados de Municipio; y ii) los demás procedimientos jurisdiccionales en dicha materia, serán competencia de la jurisdicción civil ordinaria. No obstante lo anterior, se observa que la parte demandada en la oportunidad de dar “CONTESTACIÓN A LA DEMANDA” argumentó la existencia de una cláusula compromisoria de arbitraje comercial contenida en el contrato privado supra indicado, interpretada tal solicitud como la cuestión previa relativa a la falta de jurisdicción prevista en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, y en virtud de haberse verificado la misma, el Juzgado a quo declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer de la presente demanda. Respecto al arbitraje, se observa que el literal “j” del artículo 41 del mencionado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, señala lo siguiente: “Artículo 41.- En los inmuebles regidos por este Decreto Ley queda taxativamente prohibido: (…omissis…) j.- El arbitraje privado para resolver conflictos surgidos entre arrendador y arrendatario con motivo de la relación arrendaticia”. Así las cosas, en sentencia número 702, publicada en fecha 18 de octubre de 2018, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso: Miriam Josefina Pacheco Cortés contra Carmen Cárdenas de Rodríguez, conociendo de un caso similar al de autos, consideró ajustada a derecho la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad del literal “j” del artículo 41 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, en los siguientes términos: “En tal virtud, resulta forzoso traer a colación lo sostenido en sentencia Nº 1.541/08 (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.055 del 10 de noviembre de 2008) en la que se dejó claro que la inserción del arbitraje dentro del sistema de justicia, puso fin a la aparente contradicción que desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial se generó entre arbitraje, orden público, normas imperativas y el principio tuitivo o protector de la legislación especial en áreas ‘sensibles’ como laboral, arrendamiento, consumo, operaciones inmobiliarias, entre otras; en la medida que: ‘Cuando el legislador determina que conforme al principio tuitivo, una materia debe estar regida por el orden público, no deben excluirse per se a los medios alternativos para la resolución de conflictos y, entre ellos, al arbitraje, ya que la declaratoria de orden público por parte del legislador de una determinada materia lo que comporta es la imposibilidad de que las partes puedan relajar o mitigar las debidas cautelas o protecciones en cabeza del débil jurídico, las cuales son de naturaleza sustantiva; siendo, por el contrario que la libre y consensuada estipulación de optar por un medio alternativo -vgr. arbitraje, mediación, conciliación, entre otras- en directa e inmediata ejecución de la autonomía de la voluntad de las partes es de exclusiva naturaleza adjetiva’. Por ello, ya que el orden público afecta o incide en la esencia sustantiva de las relaciones jurídicas, conlleva a que sea la ley especial y no otra la norma de fondo la que deban aplicar los árbitros, en tanto los medios alternativos de resolución de conflictos al constituirse en parte del sistema de justicia no pueden desconocer disposiciones sustantivas especiales de orden público, al igual que no podrían quebrantarse por parte del Poder Judicial. La estipulación en un contrato de cualquier medio alternativo para la resolución de controversias, no supone entonces renuncia alguna a las protecciones, derechos o garantías establecidas en la legislación especial, porque tales medios deben aplicarla preferentemente, lo cual en forma alguna permite afirmar la anulación del ejercicio de competencias administrativas en materia de policía administrativa, conforme al estatuto atributivo de específicas potestades en determinada materia -vgr. En mate...

1.- Que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda por desalojo de local comercial, interpuesta por la ciudadana CORINA MERCEDES ROJAS CAUTO contra la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO ROJAS ALVARADO. 2.- En consecuencia, se CONFIRMA la decisión dictada en fecha 26 de julio de 2024, por el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Peña de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. 3.- Se ORDENA informar de la presente decisión a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante oficio al cual deberán anexarse los recaudos pertinentes, según lo contemplado en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2022.