La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ordenó oficiar al Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio para que remita copia certificada de la sentencia dictada el 30 de julio de 2014, que declaró el sobreseimiento de la causa contra Ricardo Fernández Barrueco. Además, se notificará al Consejo Directivo del Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados sobre la vigencia del régimen de administración especial de varias sociedades mercantiles.
Extracto de la motiva
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Correspondería a esta Sala pronunciarse sobre la demanda de contenido patrimonial interpuesta mediante escrito presentado el 18 de septiembre de 2012, por la representación judicial del Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal, contra la República Bolivariana de Venezuela. Su pretensión se centra en el pago de las cantidades de dinero derivadas de las operaciones celebradas (pagarés, contrato de préstamo a interés y reportos agrícolas) por su representada con las empresas: i) Venarroz R.S.A, C.A.; ii) Fextun Fábrica de Exquisiteces de Atún, S.A.; iii) Ganadería Jengibral y Zapatico, C.A.; iv) Industria Venezolana Maizera Proarepa, C.A.; v) Almacenes y Transportes Cerealeros A.T.C., C.A.; vi) Productos y Financiamientos Agrícola Profinca, C.A.; y vii) Industria Venezolana Maicera Pronutricos, C.A.
Dispositiva
1. OFICIAR nuevamente al Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para que remita a esta Sala Político-Administrativa copia certificada de la sentencia dictada el 30 de julio de 2014, en el expediente Nro. 28J-481-10-A (nomenclatura de ese órgano jurisdiccional), que declaró el sobreseimiento de la causa seguida contra el ciudadano Ricardo Fernández Barrueco, antes identificado y levantó las medidas cautelares dictadas contra el mismo, e informe si dicho fallo está definitivamente firme.
Palabras clave
demandapatrimonioadministración especialmedidas cautelaresjuicioBanco Nacional de CréditoRepúblicaderecho civil