Sentencia N° 824 Político-Administrativa TSJ 2001: Lourdes Alonzo de Manzola vs Lourdes Hernández de Torres

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción para conocer de la acción de resolución de contrato de arrendamiento interpuesta por Lourdes Alonzo de Manzola contra Lourdes Hernández de Torres. Se determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para decidir sobre la acción intentada, confirmando la decisión del a quo que había declarado sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción. Además, se impuso una multa a la parte demandada por interponer una solicitud de regulación de jurisdicción infundada.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de resolución de un contrato de arrendamiento, por el presunto incumplimiento que hiciera el arrendatario al no cuidar y mantener el inmueble en perfecto estado, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo antes mencionado, en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por LOURDES ALONZO DE MANZOLA contra LOURDES HERNÁNDEZ DE TORRES. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 13 de abril de 1999. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que los abogados de la parte demandada han incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Monagas, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria de los abogados Alcadio Piñerúa y Rosalba Regardiz, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 16.276 y 69.012, respectivamente, debiendo informar a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.