Sentencia N° 821 Político-Administrativa TSJ 2000: Luis Guillermo Ferrer Medina vs Contraloría General de la República

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de nulidad interpuesto por Luis Guillermo Ferrer Medina contra una resolución de la Contraloría General de la República que lo declaró responsable en lo administrativo por irregularidades en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La Sala determinó que la solicitud de suspensión de efectos de la resolución impugnada había perdido su materia, dado que ya se había cancelado la multa impuesta. Además, se declaró improcedente la solicitud de perención de la instancia presentada por la Contraloría, ya que el expediente había sido remitido en su totalidad a la Sala.

La disposición contenida en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, relativa al pronunciamiento previo solicitado, textualmente establece: “Artículo 136.- A instancia de parte, la Corte podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la Ley o la suspención sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta, las circunstancias del caso. Al tomar su decisión, la Corte podrá exigir que el soliciante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio. La falta de impulso procesal adecuado, por el solicitante de la suspención, podrá dar lugar a la revocatoria de ésta, por contrario imperio.” Ahora bien, analizando la suspensión de efectos solicitada por el recurrente de la resolución de fecha 11 de noviembre de 1996, la Sala constata que ésta ha perdido su eficacia o razón de ser, al haberse ya cancelado el monto de la multa impuesta, conforme supra se señaló, asimismo, considera la Sala improcedente la solicitud de perención de la instancia pedida por la Contraloría General de la República, por cuanto el Juzgado de Sustanciación en virtud de la solicitud de pronunciamiento previo, remitió el expediente en su integridad a la Sala y, por tanto, las partes no tenían manera de ejercer actuación procesal alguna a los fines de evitar que operara la perención de la instancia, así se declara.

Conforme a lo expuesto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que, en cuanto a la suspensión de efectos del impugnado NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR. En consecuencia, devuélvase el expediente al Juzgado de Sustanciación para que continúe la tramitación del juicio en el mismo estado en que se encontraba. Publíquese, regístrese, comuníquese y cúmplase lo ordenado.