Sentencia N° 817 — Sala Político Administrativa del TSJ, 21 de septiembre de 2023

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de regulación de jurisdicción interpuesto por el demandado, quien alegaba que la fijación del canon de arrendamiento debía ser competencia de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE). La Sala, tras analizar los antecedentes y la normativa aplicable, determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer la acción mero declarativa interpuesta por el demandante, confirmando así la sentencia del juzgado de instancia que había declarado sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Corresponde a esta Sala Político-Administrativa emitir un pronunciamiento con relación a la regulación de jurisdicción planteada, de acuerdo a la competencia que le ha sido atribuida en el numeral 20 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el artículo 26, numeral 19 de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en los artículos 59 y 66 del Código de Procedimiento Civil. Para decidir, se observa: De la revisión de las actas que conforman el expediente, se observa que el abogado Anibal José Lairet Vidal, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Inversiones Moaña, C.A., interpuso acción mero declarativa del contrato de arrendamiento celebrado con el ciudadano Gerson Felipe Carrero Quevedo, con ocasión al contrato de arrendamiento suscrito. Al respecto, los abogados Jesús Caballero Ortíz y José Gregorio Silva Bocaney, actuando con el carácter de apoderados judiciales del demandado, consignaron escrito de

1.- SIN LUGAR el recurso de regulación de jurisdicción incoado por los apoderados judiciales del ciudadano GERSON FELIPE CARRERO QUEVEDO. 2.- Que el PODER JUDICIAL TIENE JURISDICCIÓN para conocer la acción mero declarativa interpuesta por el representante judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES MOAÑA, C.A., contra el prenombrado ciudadano. 3.- Se CONFIRMA la sentencia recurrida. 4.- Se CONDENA EN COSTAS a la parte recurrente.