La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre su competencia para conocer la demanda de nulidad interpuesta por Yesping Elena Durán Alvarado contra la sanción de inhabilitación impuesta por el Contralor General de la República. Se aceptó la declinatoria de competencia del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo, considerando que el acto administrativo impugnado fue dictado por el Contralor General, lo que justifica la intervención de esta Sala.
Extracto de la motiva
Corresponde a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse acerca de su competencia para conocer la demanda de autos, para lo cual observa lo siguiente: Mediante sentencia número 145 dictada el 30 de abril de 2018, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental declaró su incompetencia para conocer y decidir la demanda de nulidad ejercida por la ciudadana Yesping Elena Durán Alvarado, asistida de abogado, contra la Resolución número 01-00-000563 de fecha 21 de septiembre de 2017 por la cual el Contralor General de la República le impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (3) años y seis (6) meses, por haber sido declarada su responsabilidad administrativa en “… la Decisión de fecha 05 de septiembre de 2013 dictada por la Directora de Determinación de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Municipio Simón Planas del Estado Lara” y declinó la competencia en esta Sala Político-Administrativa, con fundamento en los artículos 23 (numeral 5) de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 108 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Dispositiva
1.- ACEPTA LA COMPETENCIA que le ha sido declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental para conocer la demanda de nulidad interpuesta por la ciudadana Yesping Elena Durán Alvarado contra la Resolución número 01-00-000563 de fecha 21 de septiembre de 2017 por la cual el Contralor General de la República le impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (3) años y seis (6) meses, por haber sido declarada su responsabilidad administrativa en “… la Decisión de fecha 05 de septiembre de 2013 dictada por la Directora de Determinación de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Municipio Simón Planas del Estado Lara”. 2.- ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación para que una vez consten en autos las notificaciones de la parte actora y de la Procuraduría General de la República, se pronuncie sobre la admisibilidad de la acción ejercida.