Sentencia N° 805 Político-Administrativa TSJ 2000: Rafael Antonio Gómez vs Ernesto Palacio y Dora Milena Franco

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción en un caso de resolución de contrato de arrendamiento. Se determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada por el demandante, revocando así la decisión anterior que había declarado la falta de jurisdicción. Además, se ordenó remitir el expediente al tribunal consultante para continuar el procedimiento en el estado en que se encontraba antes de la decisión impugnada.

Esta Sala ha establecido, en reiterada y pacífica jurisprudencia, que corresponde a los órganos del Poder Judicial - y no a los de la administración – es el único llamado a conocer de las actuaciones que se intenten con motivo de cumplimiento o resolución de contratos de arrendamiento de inmuebles, independientemente que éstos sean a tiempo indeterminado, ya que la Administración Pública no conoce de forma directa de estas reclamaciones, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2º de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. En el caso de autos, la acción ejercida precisamente está fundamentada en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento en virtud del vencimiento del término acordado y por haberle sido notificado judicialmente al arrendatario, la decisión de no renovar el contrato. En tal sentido, el artículo 1.167 del Código Civil, dispone que si en un contrato una de las partes no ejecuta o cumple su obligación, la otra puede reclamar judicialmente su cumplimento o resolución y esto es precisamente, lo que ha ocurrido en el caso de autos, se ha ejercido una típica acción de derecho civil.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por Rafael Antonio Gómez contra Ernesto Palacio y Dora Milena Franco. Queda así revocada la decisión emitida por el a quo en fecha 14 de enero de 1988 y en consecuencia se ordena la remisión del expediente al Tribunal consultante para que, establecida como ha sido la jurisdicción correspondiente, continúe el procedimiento en el estado en que se encontraba antes de la decisión señalada ut supra.