Sentencia N° 801 Político-Administrativa TSJ 2000: Jose Alejandro Tortolero vs Sociedad Mercantil TIENDAS ROCKY, C.A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción competente para conocer de la acción de resolución de contrato de arrendamiento interpuesta por José Alejandro Tortolero contra la Sociedad Mercantil Tiendas Rocky, C.A. La Sala reafirmó que corresponde al Poder Judicial decidir sobre estas acciones, independientemente de su naturaleza, y que la atribución de la Dirección de Inquilinato es solo para tramitar solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento. En su decisión, la Sala declaró que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada, confirmando así la decisión del tribunal inferior. Además, se impuso una multa a la parte demandada por haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción infundada, y se ordenó remitir copia del fallo al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados para evaluar la conducta de los abogados involucrados. Finalmente, la Sala destacó la importancia de la lealtad y probidad en el ejercicio de la abogacía, señalando que las acciones de los abogados de la parte demandada obstaculizaron el normal desenvolvimiento del proceso.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2º de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de resolución de un contrato de arrendamiento, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por el ciudadano JOSE ALEJANDRO TORTOLERO contra la Sociedad Mercantil TIENDAS ROCKY, C.A. Queda así confirmada la decisión emitida por el a-quo en fecha 02 de febrero del 2000. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la Sociedad Mercantil TIENDAS ROCKY, C.A., por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Roberto Azuaje Rondón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número , debiendo informar a esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Así mismo, ordenar lo que juzgue pertinente respecto del ciudadano Alfredo Montilla, titular de la cédula de identidad Nº 10.116.166, quien actuó con el carácter de apoderado judicial de la empresa demandada, mas no consta en autos su condición de Abogado en ejercicio. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.