Sentencia N° 799 Político-Administrativa TSJ 2000: Aura DEL MAR Diaz Casique vs EURIPIDES SALVADOR RIBULLEN QUIJADA y…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una acción interpuesta contra la Corporación Venezolana del Suroeste. Se determinó que la cuantía de la demanda, que asciende a cincuenta millones de bolívares, excede el mínimo exigido por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Además, se concluyó que no existe otra autoridad a la que se le haya atribuido el conocimiento del caso, por lo que se declaró competente para conocer del mismo.

El ordinal 15º del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece: 15º: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad.” De la norma transcrita, en concordancia con el artículo 43 ejusdem, se desprende que para que esta Sala Político Administrativa pueda conocer de las acciones que se interpongan contra algún instituto autónomo, es necesario que la cuantía exceda de cinco millones de bolívares y su conocimiento no esté atribuido a ninguna otra autoridad. Ahora bien, en el caso de autos se observa que: a) Una de las partes demandadas, es la Corporación Venezolana del Suroeste (C.V.S), la cual, según se constata de la ley promulgada el 23 de agosto de 1.988, que la crea, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 34.036, de fecha 24 de agosto de 1.988, es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio diferente e independiente del Fisco Nacional, adscrito al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. b) Los daños y perjuicios demandados se estimaron en la cantidad de CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.50.000.000,00), por lo que evidentemente excede del mínimo exigido; y c) La competencia no ha sido atribuida a ninguna otra autoridad.

PRIMERO: Acepta la Competencia que le fuera declinada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en virtud de la decisión de fecha 23 de febrero del 2000. SEGUNDO: Ordenar remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que éste se pronuncie acerca de cualquier otro extremo de admisibilidad –salvo la competencia- y si ello resultare procedente, sustancie el juicio con arreglo a los trámites procesales pertinentes. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase, con oficio, copia certificada de la presente decisión al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Cúmplase lo ordenado.