Sentencia N° 798 Político-Administrativa TSJ 2000: Banco Latino, S.A.C.A. e Inversiones… vs INVERSIONES FOCOCAM, C.A., GUSTAVO…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de regulación de jurisdicción presentada por el Banco Latino, S.A.C.A. y otras partes. Se determinó que la solicitud era infundada, ya que no se alegó que el asunto debiera ventilarse ante la Administración Pública o un Juez extranjero. La Sala concluyó que no tenía competencia para decidir sobre la cuestión planteada, remitiendo el expediente al Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y Bancario para que se pronuncie sobre la regulación de competencia.

En el caso de autos esta Sala observa que, de la revisión del escrito de solicitud de regulación de jurisdicción se aprecia claramente que el actor incurre en un error conceptual al intentar la referida solicitud, ya que se desprende del contenido de su propio escrito que se refiere a una regulación de competencia por la materia. Corresponde de inmediato a esta Sala determinar si lo planteado en autos es una “regulación de jurisdicción'' o una “regulación de competencia'' para determinar cual es la naturaleza de la cuestión planteada en autos y, con ello, el órgano jurisdiccional competente. Al efecto se observa que mediante escrito de fecha 4 de noviembre de 1999 se alegó en forma simultánea y concurrente la “falta de jurisdicción" y la “incompetencia''. Al respecto, resulta conveniente recordar que esta Sala ha precisado en reiteradas oportunidades la diferencia entre la incompetencia y la falta de jurisdicción, determinando que no pueden plantearse en forma simultánea y concurrente una denuncia de falta de jurisdicción con una falta de competencia, por cuanto el planteamiento de incompetencia conlleva necesariamente a una afirmación de la jurisdicción de los tribunales venezolanos y, además, la decisión sobre una solicitud de regulación de jurisdicción y de regulación de competencia corresponde a órganos jurisdiccionales distintos. Así, en principio, resultan excluyentes entre sí tanto los fundamentos como el órgano jurisdiccional que debe conocer. Por lo demás, la Sala observa que los argumentos hechos valer por la parte solicitante de la regulación de jurisdicción y de competencia se refieren sólo a esta última, porque en forma alguna hacen referencia a que el asunto deba ventilarse por ante la Administración Pública o ante un Juez extranjero, supuestos en los que debe fundarse una solicitud de regulación de jurisdicción. En consecuencia, resulta totalmente infundada la regulación de jurisdicción propuesta, y así se declara. Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente que no puede esta Sala pronunciarse al respecto, ya que careciendo de competencia para conocer la controversia planteada, mal puede hacer pronunciamiento alguno sobre la materia. En consecuencia, el recurso que existe contra la sentencia es la “regulación de competencia'' ante el Juez Superior, el cual, en el presente caso, es el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y Bancario con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas, quien debe pronunciarse sobre la regulación de competencia planteada. Así se decide.

Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley declara que NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR para conocer y decidir la cuestión planteada, en virtud de no ser competente para pronunciarse sobre la misma. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, a los fines de que se pronuncie sobre la cuestión de competencia planteada.