Sentencia N° 796 Político-Administrativa TSJ 2001: Dolores Peroza Mendoza vs Instituto Venezolano de LOS Seguros Sociales

TSJ/SPA, Sent. N° 00796, Exp. 16011, 08/05/2001 · 4 de mayo de 2001
Expediente16011
Parte actora / solicitanteDOLORES PEROZA MENDOZA
Parte demandada / contraparteINSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
PonenteHADEL MOSTAFÁ PAOLINI
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2001-05-04
DecisiónDeclina la competencia

Resumen

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de competencia en una acción de amparo constitucional interpuesta por Dolores Peroza Mendoza contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La Sala decidió declinar la competencia a favor de la Sala Constitucional, argumentando que la controversia se refiere a un conflicto de competencia en materia constitucional. La decisión se fundamenta en la necesidad de que la Sala Constitucional ejerza su jurisdicción en este tipo de casos.

Extracto de la motiva

Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la regulación de competencia planteada, debe la Sala en primer término establecer la competencia para conocer del caso de autos y, en tal sentido, observa: El artículo 71 del Código de Procedimiento Civil dispone: “La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aun en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior..... (omissis)” El artículo antes citado, no determina cuál de las Salas es la llamada a dirimir el conflicto de competencia suscitado, por lo que es preciso acudir a la normativa que rige las funciones de este Tribunal Supremo. Al respecto, la vigente Constitución otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. Ahora bien, a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aun cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este Supremo Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas (véase decisión de esta Sala del 17 de enero del presente año, caso: José Ramírez Córdoba vs. Consejo Nacional Electoral). En este sentido, la vigente Constitución establece en su artículo 266 que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional, y, por tanto, a ella corresponde no solamente la interpretación del Texto Fundamental, sino la fijación de criterios uniformes que permitan la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la materia cuyo conocimiento le ha sido atribuido. En el caso de autos la controversia está referida a un conflicto de competencia planteado en relación con una acción de amparo constitucional autónoma interpuesta contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por lo que al tratarse de una materia constitucional, resulta forzoso para esta Sala declinar la competencia para la regulación pertinente en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

Dispositiva

En virtud de los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente acción en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que resuelva el conflicto de competencia planteado. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.

Palabras clave

amparo constitucionalcompetenciajurisdicciónInstituto Venezolano de los Seguros Socialesderechos constitucionalesCódigo de Procedimiento CivilSala ConstitucionalSala Político-Administrativa

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