Sentencia N° 792 Político-Administrativa TSJ 2001: Humberto Meneses vs Ministro de Justicia — Recurso contencioso administrativo…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo interpuesto por Humberto Meneses contra la Resolución N° 721 del Ministro de Justicia, que negó la protocolización de un documento de compraventa. La Sala declaró nula la resolución ministerial por considerar que el Registrador y el Ministro de Justicia se extralimitaron en sus funciones al cuestionar la validez de documentos remotos en lugar de ceñirse al título inmediato de adquisición presentado para su registro.

Ciertamente, como lo señala el recurrente, ha sido constante la jurisprudencia de esta Sala en relación a la naturaleza y alcance de los poderes calificadores del Registrador, delimitando éstos al examen del documento presentado para su registro, en función de su correspondencia lógica en cuanto a sus datos identificatorios, con el título inmediatamente anterior de adquisición y no con otros documentos remotos. Respecto de las competencias atribuidas al Registrador, en relación con las solicitudes de registro y protocolización de documentos en los cuales se transfiera la propiedad, el artículo 11 de la Ley de Registro Público vigente para la fecha de la solicitud, y cuyo texto se mantiene, establece: “Cuando ante la solicitud de Protocolización de un Documento al Registrador le surjan dudas en cuanto a la inteligencia y aplicación de esta Ley, o cuando considere que el título o documento presentado adolece de algún defecto que impida su registro o incumpla con alguno de los requisitos en esta Ley para el Registro de un documento, deberá negar la respectiva protocolización y el Registrador dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación del documento, extenderá por escrito la negativa, la cual deberá ser razonada, debiendo incluir todos los motivos en los cuales fundamenta su decisión.” Por otra parte, el artículo 89 de la misma Ley, en su primera parte, establece: “En los documentos y demás actos traslativos de propiedad inmueble o de derechos reales sobre inmuebles, y en los documentos en que se impongan gravámenes o limitaciones sobre los mismos bienes, se deberá expresar, en todo caso, el título inmediato de adquisición de la propiedad o derecho que se traslada, se grava o se limita, el cual título deberá ser registrado o registrable y presentarse simultáneamente para su protocolización con inmediata anterioridad.” Las previsiones legales transcritas están destinadas a otorgar certeza jurídica erga omnes de que lo que se transmite es lo mismo en cuanto a su titularidad, naturaleza, situación, linderos y medidas, impidiendo que a través del Registro puedan alterarse, a voluntad de los particulares, los elementos distintivos del inmueble.

Por las razones expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación ejercido por el ciudadano HUMBERTO MENESES, ya identificado, de la Resolución N° 721, de fecha 04 de agosto de 1998, dictada por el MINISTRO DE JUSTICIA, hoy Ministro del Interior y Justicia. En consecuencia: 1.- Se declara NULA, por ilegal, la Resolución N° 721, de fecha 04 de agosto de 1998, dictada por el entonces MINISTRO DE JUSTICIA, hoy Ministro del Interior y Justicia. 2.- Se NIEGA la solicitud formulada por la parte actora referente a ordenar la inscripción de la copia certificada del documento autenticado el 21 de junio de 1978, anotado bajo el N° 150, Tomo 39, del Libro de Autenticaciones llevado por la Notaría Pública Primera de Maracay, Estado Aragua. 3.- OFICIÉSE al MINISTERIO DEL INTERIOR y JUSTICIA a los fines de que ordene las averiguaciones pertinentes, conforme a lo establecido en Capítulo V de la presente decisión. 4.- OFICIÉSE al ciudadano FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, remitiéndole, para su conocimiento, copia certificada de este decisión y de considerar que en el presente caso surgen elementos que hagan presumir la comisión de hechos punibles, proceda a realizar lo conducente, a tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 235 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se ordena devolver el expediente administrativo y archivar el judicial. Remítase copia certificada de esta decisión al Ministerio del Interior y Justicia, a los fines antes señalados. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.