Sentencia N° 790 — Sala Político Administrativa del TSJ, 3 de julio de 2018

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una demanda de contenido patrimonial interpuesta por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) contra Francisco Bustillos Gil, solicitando medidas cautelares de embargo preventivo. La Sala determinó que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer de la demanda, ya que se trata de una decisión administrativa que debe ser ejecutada por la Administración Pública. Se revocó el auto de admisión de la demanda dictado por el Juzgado de Sustanciación.

Corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento con relación a la demanda de contenido patrimonial con medidas cautelares de prohibición de enajenar y gravar y embargo preventivo, ejercida por la representación judicial de la sociedad mercantil Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) contra el ciudadano Francisco Bustillos Gil, antes identificado, con el objeto de lograr el 'cobro de reparo civil', conforme a lo previsto en 'el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos'. Dicha demanda tiene como origen la declaratoria de responsabilidad civil del demandado mediante el Auto Decisorio del 10 de junio de 2013 dictado por la Dirección Ejecutiva de Auditoría Fiscal de la sociedad mercantil demandante, en su condición de 'Vicepresidente de PDVSA GAS, S.A.' por el daño causado al patrimonio público, en razón de lo cual se le formuló un reparo por la cantidad Ciento Veinte Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Ocho Bolívares con Setenta y Cuatro Céntimos (Bs. 120.358.108,74). Así pues, la parte accionante solicitó a través de la vía de la demanda por intimación prevista en los artículos 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se condene al pago del monto del referido reparo por ser una 'deuda líquida y exigible', siendo que además la mencionada decisión 'constituye un título ejecutivo y ejecutoriable'.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1. En esta etapa del proceso, el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer la demanda de contenido patrimonial con medidas cautelares de prohibición de enajenar y gravar y embargo preventivo, incoada por la representación judicial de la sociedad mercantil PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA) contra el ciudadano FRANCISCO BUSTILLOS GIL, antes identificado. 2. Se REVOCA el auto de admisión de la demanda, dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Sala el 21 de febrero de 2018. Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Ciérrese el cuaderno de medidas. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.