Sentencia N° 788 Político-Administrativa TSJ 2000: Javier Elechiguerra Naranjo vs Ministro de Educación, Cultura y Deportes de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de abstención interpuesto por el Fiscal General de la República, en el que se solicitaba la ejecución de una resolución del Ministro de Educación que ordenaba la inscripción de varios menores en una institución educativa. La Sala admitió la acción de amparo cautelar, considerando que existía una grave presunción de violación del derecho a la educación de los menores. Se ordenó al Ministro de Educación garantizar la inscripción de los menores y se admitió la intervención de la institución educativa como parte natural del proceso.

La Sala observa que, conforme a lo previsto en el segundo aparte del artículo 121 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Alto Tribunal: “... El Fiscal General de la República, y demás funcionarios a quienes la Ley atribuya tal facultad, podrán también solicitar la nulidad del acto de efectos particulares, cuando éste afecte un interés general”. Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 285, numerales 1 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Artículo 285: Son atribuciones del Ministerio Público: 1.- Garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como de los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por el república (...) 6.- Las demás que le atribuyan esta Constitución y la Ley ...”. Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone: “Artículo 1.- El Ministerio Público velará por la exacta observancia de la Constitución y las Leyes...”. En consecuencia, la acción en carencia si bien está prevista en la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal, no contiene un regulación procedimental, por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 102 de dicho texto legal y, tal como lo había reconocido la jurisprudencia de esta Sala, se aplicará el procedimiento de nulidad contra actos de efectos particulares. En consecuencia, las reglas de legitimación aplicables al presente caso, son las mismas, es decir, las previstas en la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal, para el procedimiento antes indicado. Así se decide.

1.- Que es COMPETENTE para conocer del presente recurso de abstención interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar contra “la omisión del ciudadano Ministro de Educación de la República Bolivariana de Venezuela de hacer cumplir o ejecutar la Resolución Nº 465 de fecha 19 de agosto de 1999, en la cual ordena la inscripción de los alumnos María Estela Veracochea Rodríguez, y Rodrigo Javier Veracochea Rodríguez, ambos menores de edad de este domicilio, representados por su señora madre Isabel Teresa Rodríguez de Veracochea, ....; así como de los ciudadanos Maurice Joseph Nataf Orellana y Daniela Alejandra Martínez Orellana, representados por su señora madre Grace Mónica Orellana Jaimes, ... en la U.E., Instituto Educacional Henry Clay”. 2.- Que el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, tiene legitimación para interponer el presente recurso de abstención, conforme a lo previsto en el segundo parágrafo del artículo 121 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y, en consecuencia, se ordena enviar al Juzgado de Sustanciación, copia de la presente decisión, a los fines de que, a los efectos de la admisión del recurso principal, se abstenga de revisar las causales previstas en los numerales 7 del artículo 84 y 1 del artículo 124 de la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal, por cuanto ya esta Sala ha hecho pronunciamiento expreso al respecto. 3.- ADMITE la acción de amparo cautelar propuesta por no encontrarse incursa en alguno de los supuestos del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; en consecuencia se ordena oficiar al Ministro de Educación, Cultura y Deportes a fin de que en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la presente notificación, informe sobre las pretendidas violaciones constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 ejusdem. 4.- PROCEDENTE la intervención forzosa del Instituto Educativo Henry Clay, así como de la Licenciada María Sylvia Rodríguez, como partes naturales en el presente proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 370, ordinal 4 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, se ordena la notificación del mencionado Colegio y de la ciudadana antes referida, a los fines de que en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la misma, informen acerca de las pretendidas violaciones constitucionales. 5.- PROCEDENTE la medida cautelar especial y, en consecuencia, se ordena al Instituto Educativo Henry Clay C.A., y a la licenciada Maria Sylvia Rodríguez, inscribir a los menores MARIA ESTELA VERACOCHEA RODRIGUEZ, RODRIGO JAVIER VERACOCHEA RODRIGUEZ, MAURICE JOSEPH NATAF ORELLANA y DANIELA ALEJANDRA MARTINEZ ORELLANA, para el período académico 1999-2000 y que se acepte el traslado de dichos menores en las condiciones que se encuentren, con respecto a las materias cursadas y notas obtenidas en el Colegio, de donde están siendo trasladados; y que, se les trate de manera justa e igualitaria, en las mismas condiciones que cualquier otro alumno del Colegio, de tal manera que no se les afecte en su estabilidad emocional, mientras dura el proceso de amparo. 6.- Igualmente, se ordena al Ministro de Educación, Cultura y Deportes, que cumpla con la presente orden, aún con el uso de la fuerza pública - en el caso de ser requerida- y, que vele por que se mantengan a los menores en un estado que se les garantice su desenvolvimiento tanto a nivel educacional como psíquico, garantizándoles un trato justo e igualitario con respecto de los demás alumnos de dicho Plantel, todo ello, mientras dure el presente proceso de amparo. 7.- Infórmese al Ministro de Educación, Cultura y Deportes, a la Licenciada Maria Sylvia Rodríguez, y al referido Colegio, que lo acordado en virtud de la presente cautelar especial dentro del presente proceso de amparo, es de obligatorio cumplimiento, debido a su carácter de eminente orden público de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y por tanto, debe ser acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad, y sin perjuicio de las acciones o recursos que legalmente le correspondan a las partes, de conformidad con lo establecido en los artículos 29 y 36 ejusdem.