Sentencia N° 769 Político-Administrativa TSJ 2001: Gobernación del Estado Lara vs Gobernación del Estado Yaracuy

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación interpuesta por la Gobernación del Estado Lara contra un auto del Juzgado Segundo de Primera Instancia que negó la solicitud de dejar sin efecto un auto anterior. La apelación fue considerada improcedente debido a que no se formalizó en el lapso correspondiente, aunque se reconocieron irregularidades en el procedimiento expropiatorio que justificaban la revisión del caso. Finalmente, se declaró improcedente el desistimiento tácito de la apelación.

Para decidir, esta Sala observa: El artículo 162 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Alto Tribunal prevé lo siguiente: “En la audiencia en que se dé cuenta de un expediente enviado a la Corte en virtud de apelación, se designará Ponente y se fijará la décima audiencia para comenzar la relación. Dentro de ese término el apelante presentará escrito en el cual precisará las razones de hecho y de derecho en que se funde. Vencido ese término correrá otro de cinco audiencias para la contestación de la apelación. Si el apelante no presentare el escrito en el lapso indicado, se considerará que ha desistido de la apelación y así lo declarará la Corte, de oficio o a instancia de la otra parte.”. (negrillas de la Sala). En el presente caso, según consta en la certificación que cursa en autos, ha quedado plenamente comprobado que en el lapso referido en la norma transcrita, la apelante no consignó el escrito de formalización. Por tanto, en principio, debería esta Sala concluir que la representación de la Procuraduría General del Estado Lara desistió tácitamente del recurso en cuestión. Sin embargo, observa este Alto Tribunal que en el caso de autos la abogada Ana Teresa López Arteaga, Procuradora General del Estado Lara, en el escrito de formalización de la apelación, denunció la violación de normas atinentes al procedimiento expropiatorio. En efecto, tangencialmente, señaló que el bien objeto de la presente controversia, “no podía ser expropiado sin antes haber cumplido con el antejuicio administrativo y asimismo el de haber solicitado el Procurador General del Estado la autorización de la Asamblea Legislativa a los efectos de su enajenación, como así expresamente lo ordena el artículo 11 de la Ley de Hacienda Pública del Estado Lara, además... de las normas que conforman la Ley de Expropiación”. Por otra parte, como fundamento de la apelación ejercida alegó: que INVERSIONES ARCOIRIS C.A. se hizo parte en el presente proceso expropiatorio “con base en un título posesorio indebidamente protocolizado”; que concluido el lapso probatorio, el Juez de la causa (temporal) convocó a las partes interesadas a una reunión conciliatoria para el 11 de febrero de 1999, habiéndose dejado constancia en esa misma fecha, que ninguna de ellas había comparecido; que por diligencia del 10 de marzo de 1999, “el Dr. Rafael Gutiérrez... indica que mientras estuvo encargado del tribunal... se dejó constancia de que no comparecieron las partes pero por una omisión involuntaria no se hizo constar que las partes inmediatamente después concurrieron, reuniéndose en el Despacho del Juez”; que junto con esa diligencia acompañó “una supuesta acta” de fecha 11 de febrero de 1999 según la cual las partes celebraron el acto conciliatorio; que la referida acta no fue firmada por las partes interesadas, sino únicamente por el Juez y la Secretaria, quien “firma debajo de la leyenda ‘firma recibido’, lo cual indica que... no está suscribiendo con el Juez esta supuesta acta”; que el 26 de marzo de 1999, tanto el Procurador del Estado Yaracuy como los representantes de INVERSIONES ARCO IRIS C.A. solicitaron la homologación del acta señalada, la cual fue acordada en la misma fecha, ordenándose oficiar al Registrador del Municipio Peña del Estado Yaracuy “para que se tenga como propietaria a la Gobernación del Estado Yaracuy, sin que la Gobernación del Estado Lara hubiera recibido indemnización alguna”. Adujo que dicha homologación no fue notificada a la Procuraduría General del Estado Lara. Es por esta razón y por las irregularidades verificadas en el transcurso del procedimiento, que la apelante solicitó la nulidad de la decisión mediante la cual fue homologado el referido convenimiento. Esta petición fue desestimada por el juez de la causa, debiendo por tanto aquella recurrir ante esta Sala. Estima que además de haber sido vulnerados los derechos a la defensa y al debido proceso del Estado Lara, fueron violadas normas relacionadas con la institución de la expropiación. Agrega que la decisión del 26 de marzo de 1999 debió ser consultada, de conformidad con lo establecido en los artículos 43 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 19 de la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública y Social. Solicita finalmente, “la nulidad del auto... mediante el cual se imparte la homologación... por tratarse de la violación de normas de orden público...” y en cuanto a “la consulta obligatoria alegada” pide que se tramite conforme al procedimiento establecido en el artículo 169 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Por las razones antes expuestas, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el desistimiento tácito de la apelación interpuesta por la abogada Elizabeth Díaz Araujo, representante de la Procuraduría General del Estado Lara, contra el auto dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy en fecha 23 de abril de 1999, por el cual negó la solicitud formulada por la citada abogada, consistente en que se dejase sin efecto el auto de fecha 26 de marzo de 1999. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que siga su curso de ley.