Sentencia N° 761 Político-Administrativa TSJ 2000: Anabel Marin Rojas vs Israel Sotillo Rosillo — Regulación de jurisdicción en…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción solicitada por la ciudadana Anabel Marín Rojas en un caso de desalojo. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada contra el ciudadano Israel Sotillo Rosillo, confirmando la decisión impugnada del tribunal de origen. Además, se impuso una multa a la parte demandada por interponer una solicitud de regulación de jurisdicción infundada y se ordenó remitir el caso al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados por faltas procesales de la abogada del demandado.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la ciudadana ANABEL MARÍN ROJAS contra el ciudadano ISRAEL SOTILLO ROSILLO, antes identificados. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 12 de mayo de 1999. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que la abogada de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria de la abogada Alba Marina Alviarez Ch., Inpreabogado Nº 19.148, debiendo informar a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la ciudadana ANABEL MARÍN ROJAS contra el ciudadano ISRAEL SOTILLO ROSILLO, antes identificados. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 12 de mayo de 1999. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa.