Sentencia N° 760 Político-Administrativa TSJ 2000: María Elena López Zambrano, Luís F. González… vs Urbanizadora Pampatar C.A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción en un caso de nulidad de documento relacionado con un contrato de venta de apartamentos. Los demandantes argumentaron que el Registrador Subalterno había violado disposiciones legales al protocolizar un documento de condominio sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Propiedad Horizontal. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada por los ciudadanos demandantes contra la empresa Urbanizadora Pampatar C.A.

La persona que se considere lesionada por una inscripción realizada en contravención de esta Ley u otras Leyes de la República podrá acudir ante la jurisdicción ordinaria a impugnar dicha inscripción. En todo caso la cancelación o anulación de un asiento en el Registro presupone la extinción o anulación del acto registrado. Efectivamente, el supuesto previsto en la norma arriba transcrita se encuentra perfectamente ajustado a la situación de hecho planteada en el presente caso, motivo por el cual, considera la Sala, que en aplicación de ella, los actores han escogido la vía correcta y así se declara. Así también lo ha dejado establecido esta Sala, en sentencia de fecha 14 de agosto de 1989, la cual sostuvo: “...nuestra ley permite que se desvirtúe la presunción –iuris tantum- consagrada en beneficio de la credibilidad registral; la persona que se considere lesionada- y no otra, menos aún el Registrador, observa la Sala- podrá impugnar judicialmente el asiento hecho en perjuicio de sus derechos”. “Serán entonces sólo los órganos de la jurisdicción ordinaria los que podrían resolver los conflictos sustanciales que se produjeran en relación con la efectiva titularidad del derecho, mediante decisiones susceptibles de surtir efectos en el plano registral conforme lo preceptúa el artículo 40-A de la Ley de Registro Público...” Es necesario observar, que la actividad realizada por el Registrador en el presente caso, escapa de la esfera que representa su responsabilidad, conforme a lo establecido en el artículo 131 de la Ley de Registro Público, el cual se refiere a las faltas y omisiones de los registradores, casos estos que sí corresponden al órgano administrativo su conocimiento, específicamente al Ministerio de Justicia, Dirección de Registros y Notarías.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por los ciudadanos MARÍA ELENA LÓPEZ ZAMBRANO, LUÍS F. GONZÁLEZ PORTO, ENRIQUE PÉREZ MARTOS, ENRIQUE PÉREZ ESCRIBANO, JOSÉ JAIME SANGUINO y TELMA BUSTILLOS DE SANGUINO, contra URBANIZADORA PAMPATAR C.A. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 18 de mayo de 1.999. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.