Sentencia N° 755 Político-Administrativa TSJ 2000: Josefina Chirinos de Gimenez, Marlene… vs Rafaela Reyes de Rangel

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de la jurisdicción en un juicio de desalojo. Los demandantes, propietarios de un inmueble, solicitaron que se declarara la jurisdicción del Poder Judicial para conocer su acción contra la demandada, quien había impugnado la jurisdicción del juez de primera instancia. La Sala determinó que el acto administrativo de la Alcaldía que autorizaba a los demandantes a proceder judicialmente no constituía una obligación de desalojo, por lo que el Poder Judicial sí tenía jurisdicción para decidir el caso. Se confirmó la decisión del tribunal inferior y se impuso una multa a la parte demandada por la solicitud infundada de regulación de jurisdicción.

Para decidir, la Sala observa: De la lectura del libelo se evidencia que los actores, a través de apoderado judicial, solicitaron ante el a quo, en uso de la autorización contenida en el Acuerdo Nº 24 de fecha 4 de agosto de 1994 y ratificada en Acuerdo de fecha 25 de junio de 1998, ambos emanados de la Dirección de Inquilinato de la Alcaldía del Municipio Iribarren del Estado Lara y dado que había transcurrido sobradamente el lapso acordado en el primero de los nombrados Acuerdos, para que la arrendataria desocupara voluntariamente el inmueble, la desocupación de dicho inmueble. El ente administrativo, demostrados como fueron los hechos alegados, se limitó a autorizar a los arrendadores para proceder ante la jurisdicción ordinaria a demandar la desocupación del inmueble objeto de este procedimiento, es decir, emitió un verdadero acto autorizatorio, para que los arrendadores ejercieran la acción correspondiente en la vía jurisdiccional y no constitutivo de obligación alguna de desalojar en contra de la arrendataria; razón por la cual el acto en cuestión carece de ejecutoriedad, no pudiendo por tanto la Administración autora del mismo, proceder a exigir su cumplimiento, mediante su ejecución por el propio ente administrativo, correspondiéndole, por el contrario, al Poder Judicial la jurisdicción para resolver sobre dicho cumplimiento coactivo. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por los ciudadanos JOSEFINA CHIRINOS DE GIMENEZ, MARLENE JOSEFINA GIMENEZ CHIRINOS, ANDRES REINALDO GIMENEZ CHIRINOS, SILVIO AMERICO GIMENEZ CHIRINOS, MARBELLA JOSEFINA GIMENEZ CHIRINOS, OMAR JOSE GIMENEZ CHIRINOS, ANDRES ALEXIS GIMENEZ CHIRINOS y NAYLETH JOSEFINA GIMENEZ CHIRINOS contra la ciudadana RAFAELA REYES DE RANGEL, antes identificados. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 28 de septiembre de 1999. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa.