Sentencia N° 753 Político-Administrativa TSJ 2000: Erasmo Rafael Acosta Garcia vs Inversiones Canada-Venezuela, C.A. (Icavenca)

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de materia para decidir en el juicio de cobro de bolívares interpuesto por Erasmo Rafael Acosta García contra Inversiones Canadá-Venezuela, C.A. La Sala determinó que los alegatos de la parte demandada sobre la falta de jurisdicción eran erróneos, ya que confundían los conceptos de jurisdicción y competencia. Se declaró que no había materia sobre la cual decidir, confirmando la decisión del tribunal de origen.

La Sala observa que, el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil establece, taxativamente, los supuestos de hecho que determinan cuándo los Tribunales de la República carecen de jurisdicción para conocer de los asuntos sometidos a su consideración, a saber: la falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública y respecto del juez extranjero. Del examen de las actas procesales se desprende que la razón esgrimida por el apoderado judicial de la demandada para oponer en primer lugar la falta de jurisdicción del Juez respecto a la Administración Pública, se basa en que en el documento de reconocimiento de la deuda cuyo pago se demanda en el presente asunto, se establece que tanto el demandante como la empresa demandada tienen su domicilio en el Estado Anzoátegui, y en consecuencia, la jurisdicción para conocer de este juicio sólo la tienen los 'JUECES COMPETENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI', además que en el referido documento tampoco se estableció un domicilio especial, a los efectos de su interpretación y ejecución. El argumento sostenido por el apoderado judicial de la demandada es evidentemente erróneo, al confundir los conceptos de jurisdicción y competencia, ya que al hablar de 'falta de jurisdicción con respecto a la Administración Pública' realmente formulan alegatos de incompetencia por el territorio, por lo tanto es oportuno aclarar los conceptos jurídicos en referencia, que hasta el siglo XIX aparecían como sinónimos. Indistintamente, se aludía a 'falta de jurisdicción' como 'falta de competencia' en sentido material, o en sentido territorial, o aún para referirse a la función. En el siglo XX se ha superado este error y la competencia fue considerada como medida de jurisdicción, es decir, la fracción de la jurisdicción atribuida a un Juez. Así, la jurisdicción es la función pública realizada por los órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la Ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada. La jurisdicción es el todo; la competencia es la parte: un fragmento de la jurisdicción. La competencia es la potestad de jurisdicción para una parte del sector jurídico: aquél específicamente asignado al conocimiento de determinado órgano jurisdiccional. Se trata en definitiva de dos figuras procesales distintas.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que NO HAY MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR en la acción intentada por ERASMO RAFAEL ACOSTA GARCIA contra la sociedad mercantil INVERSIONES CANADA-VENEZUELA, C.A. (ICAVENCA), antes identificados. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 29 de abril de 1999. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa.