Sentencia N° 750 Político-Administrativa TSJ 2000: Giacinta de Trimboli vs José Francisco Martínez Prado

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción alegada en un juicio de cumplimiento de contrato de arrendamiento. Se determinó que el juez de primera instancia no resolvió adecuadamente las cuestiones previas, lo que llevó a la nulidad de las decisiones dictadas. La Sala reitera que la falta de jurisdicción es un tema de orden público que debe ser resuelto prioritariamente, y que el Poder Judicial tiene la competencia para conocer de la demanda incoada.

En el caso de autos, el ad quem afirmó la jurisdicción de los Tribunales de la República para conocer de la demanda incoada y ordenó la remisión del expediente a esta Sala, de conformidad con el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil, que establece: "Artículo 62.- A los fines de la consulta ordenada en el Artículo 59, el tribunal remitirá inmediatamente los autos a la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, suspendiéndose el proceso desde la fecha de la decisión. La Corte procederá luego de recibidas las actuaciones, a decidir la cuestión, lo cual hará dentro de diez días, con preferencia a cualquier otro asunto". Se deduce de la norma transcrita, que la regulación de Jurisdicción supone una decisión incidental del juez, que declare si el conocimiento del asunto sometido a su consideración le corresponde a los Tribunales de la República, a la Administración o a los tribunales extranjeros según sea el caso. En este orden de ideas, ha señalado reiteradamente esta Sala, que la falta de jurisdicción, es materia de orden público y por ende es inderogable e irrenunciable por las partes, por cuanto constituye un presupuesto procesal esencial de las decisiones judiciales, (cuya inobservancia indefectiblemente acarrea la nulidad de lo actuado con posterioridad) que debe ser declarado ya de oficio, o bien a solicitud de parte, como se indica en las diferentes hipótesis contempladas en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley: 1.- Anula las sentencias dictadas por el Juzgado Decimocuarto de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y por el Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fechas 14 de diciembre de 1.998 y 8 de abril de 1.999, respectivamente. 2.- Repone la causa al estado en que se dicte un pronunciamiento sobre las cuestiones previas alegadas con excepción de la falta de jurisdicción opuesta. 3.- Declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCIÓN para conocer de la demanda incoada. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.