Sentencia N° 745 — Sala Político Administrativa del TSJ, 20 de noviembre de 2019

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la actualización monetaria del monto ordenado pagar en la sentencia Núm. 0922 de fecha 6 de junio de 2007, solicitada por la parte actora, acordando la indexación de la cantidad de setenta y cinco millones de bolívares, que deberá calcularse desde el 25 de julio de 2007 hasta la fecha de publicación de este fallo. Se establece que el cálculo se realizará sobre la base del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Banco Central de Venezuela. Asimismo, se decreta la ejecución voluntaria del fallo Núm. 0922 del 6 de junio de 2007, fijando un lapso de diez días de despacho para que la parte demandada cumpla con lo ordenado. La decisión se fundamenta en la necesidad de que la parte actora no sufra las consecuencias del tiempo transcurrido y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda desde la emisión de la decisión hasta la fecha actual. La Sala enfatiza la importancia de la actualización monetaria en el contexto de la realidad económica del país, considerando que el problema inflacionario ha pasado a ser un asunto de orden público que afecta directamente a los ciudadanos y a la justicia social.

Sin embargo, no puede esta Sala abstraerse de la realidad económica de la República Bolivariana de Venezuela, ni del tratamiento dado a esta circunstancia por este Máximo Tribunal, en casos conocidos por otras de las Salas que lo conforman, juicios en los que se ha determinado que: “(…) es un hecho público notorio comunicacional, la GUERRA ECONÓMICA a que está sometido el pueblo venezolano, y su influencia en el aumento del costo de los bienes y servicios Y LA INFLUENCIA DEL FENÓMENO INFLACIONARIO en el valor real y verdadero de la moneda y su valor representativo como poder adquisitivo para adquirir bienes y servicios, con la influencia negativa y cabalgante del aumento de valor de las divisas extranjeras de común mercado en referencia al bolívar, lo que hace aumentar de forma irresponsable el valor de los bienes, servicios e insumos, ya sean de primera necesidad o no. Este hecho generador de pobreza en el pueblo venezolano, (fenómeno inflacionario) tiene su reconocimiento en los decretos dictados por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, ciudadano Nicolás Maduro Moros, mediante los cuales se determina un Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida; siendo que dichos decretos dictados por el Ejecutivo Nacional, han sido declarados conforme a derecho en su constitucionalidad por parte de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en diversas sentencias. Para nadie es un secreto que el valor adquisitivo de la moneda se ve mermado por el valor adquisitivo de las monedas extranjeras, y que esto ha causado un daño irreparable a la economía del país y sus habitantes. De igual forma, en materia judicial era una práctica común, por ejemplo, en materia laboral, el hecho de retardar los juicios con la mayor oposición de tácticas procesales dilatorias, para que al momento de que culminara el juicio, la acreencia del demandante al ser declarada en condena, por el efecto del transcurso del tiempo se viera disminuida a su mínima expresión, y de esta forma el deudor o condenado, pagara de forma fácil la condena, por un juicio que duró muchos años en litigio, donde con la pérdida del valor de la moneda, quedaba esta condena prácticamente siendo inexistente. Por lo cual, y conforme al PRINCIPIO OBJETIVO REAL DEL DERECHO, donde prevalece la realidad sobre la forma, en un estado democrático de derecho y de justicia social real, se hace imperativo la actualización del monto de la condena conforme a la realidad económica del país, en un ajuste equilibrado económico del valor real de la condena, para combatir los efectos de la GUERRA ECONÓMICA, LA INFLACIÓN Y LA ESPECULACIÓN DEL MERCADO ECONÓMICO EXORBITANTE, por el transcurso del tiempo en los procesos judiciales, que destruye el valor real adquisitivo de la moneda, favoreciendo de forma clara al deudor o condenado, que se...

1.- PROCEDENTE la actualización monetaria del monto ordenado pagar en la sentencia Núm. 0922 de fecha 6 de junio de 2007, solicitada por la parte actora. En consecuencia, acuerda la indexación de la cantidad de setenta y cinco millones de bolívares (Bs. 75.000.000,00), hoy cero coma setenta y cinco bolívares (Bs. 0,75), la cual deberá calcularse desde el 25 de julio de 2007 (oportunidad en la cual constó en autos la notificación del accionado) hasta la fecha de publicación de este fallo. 2.- La EJECUCIÓN VOLUNTARIA del fallo Núm. 0922 del 6 de junio de 2007, atendiendo a la indexación acordada en la presente decisión.