La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la solicitud de suspensión de efectos presentada por Héctor Fructuoso Escalona Velásquez contra la Resolución N° 01-00-000227 de la Contraloría General de la República. El recurrente argumentó que su remoción del cargo de Contralor Municipal fue ilegal y que la convocatoria de un nuevo concurso traería perjuicios irreparables. Sin embargo, la Sala concluyó que no se verificaron los requisitos necesarios para la procedencia de la medida cautelar solicitada.
Extracto de la motiva
La Sala considera que la suspensión de los efectos de un acto administrativo es una medida preventiva que busca evitar lesiones irreparables. Para su procedencia, es necesario comprobar la existencia de un perjuicio real y procesal para el recurrente. En este caso, el actor no logró demostrar que su remoción del cargo de Contralor Municipal implicara un perjuicio irreparable, ya que la resolución impugnada se fundamentó en irregularidades en el proceso de selección del Contralor. Por lo tanto, la Sala determina que no existen elementos suficientes para verificar el requisito de fumus boni iuris, lo que lleva a declarar la improcedencia de la medida cautelar solicitada.
Dispositiva
En virtud de lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos formulada por el ciudadano HÉCTOR FRUCTUOSO ESCALONA VELÁSQUEZ, contra la Resolución N° 01-00-000227, de fecha 22 de agosto de 2007, dictada por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.