Sentencia N° 741 Político-Administrativa TSJ 2000: Florinda Antonia Pérez de Colina vs Wisgton Nicolás Colina

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia concede fuerza ejecutoria en Venezuela a una sentencia de divorcio dictada en República Dominicana. La decisión se basa en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Derecho Internacional Privado, considerando que no existe un tratado vigente entre ambos países que regule la eficacia de sentencias extranjeras. Se concluye que la sentencia dominicana cumple con los requisitos de ley para ser reconocida en Venezuela.

El análisis de toda solicitud de exequátur debe hacerse a la luz del Derecho Procesal Internacional Privado. En tal sentido, para el juez se torna indispensable atender al orden de prelación de las fuentes con el fin de decidir el caso concreto. En Venezuela, dicho orden se encuentra establecido en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado –vigente desde el 06 de febrero de 1999-, de la siguiente manera: en primer lugar, deben revisarse las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; y, finalmente, en aquellos casos en que no existan tratados ni normas de derecho interno que regulen la materia, se aplicarán las fuentes supletorias, vale decir, la analogía y los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados. En el caso de autos, se advierte que no existe entre Venezuela y República Dominicana tratado vigente alguno que regule de manera específica la eficacia de las sentencias extranjeras, toda vez que esta última si bien suscribió la “Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros” -firmada el 08 de mayo de 1979 por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos asistentes a la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado-, aún no la ha ratificado, como sí lo hiciera Venezuela en el año de 1985. En virtud de lo anterior, deben entonces aplicarse las disposiciones contempladas en el Capítulo X de la Ley de Derecho Internacional Privado (De la Eficacia de las Sentencias Extranjeras) y, particularmente, el artículo 53 de ese texto legal, que derogó parcialmente el contenido del artículo 850 y al 851 del Código de Procedimiento Civil, ambos relativos al procedimiento de exequátur.

CONCEDE FUERZA EJECUTORIA en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la sentencia de divorcio dictada el 19 de noviembre de 1996 por la Cámara Civil Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, República Dominicana, mediante la cual se decretó la disolución del matrimonio entre FLORINDA ANTONIA PÉREZ y WISGTON NICOLÁS COLINA. Publíquese, regístrese y comuníquese.