La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de suspensión de efectos de la Resolución Nro. 01-00-000502, que impuso una sanción de inhabilitación de cuatro años al ciudadano Antonio José Rojas Martínez. La Sala declaró improcedente la solicitud, argumentando que no se cumplía con el requisito del fumus boni iuris, es decir, que no había una probabilidad suficiente de éxito en la demanda de nulidad presentada por el actor. Además, se destacó que la inhabilitación es una sanción accesoria a la declaratoria de responsabilidad administrativa y no se considera una doble sanción por los mismos hechos.
Extracto de la motiva
motivación que el accionante incurrió en presuntas irregularidades administrativas durante el ejercicio fiscal 2007, en el desempeño de sus funciones como Superintendente Tributario del Servicio de Administración Tributaria “SATDELTA”, por haber adquirido compromisos económicos “sin disponer presuntamente de los recursos necesarios para ello”. Expusieron que en las actuaciones administrativas se señaló que supuestamente se ordenaron y efectuaron pagos por concepto de complemento a empleados; se canceló complemento por comisión de servicios; compensaciones de sueldo y salarios para el personal del nombrado Servicio de Administración Tributaria, acordado según Acta de Asamblea Ordinaria Nro. 7 del 6 de julio de 2007 emanada de la Junta Directiva del aludido Servicio Tributario; asimismo se hace referencia a que el funcionario investigado “ordenó el ingreso de funcionarios acordándose que se les pagaría compensaciones por la suma de cien bolívares (Bs.100,00) a cada uno de ellos”. Que con fundamento en el aludido “Auto Decisorio” el Contralor General de la República le impuso a su representado la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un perí
Dispositiva
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 01-00-000502 de fecha 25 de octubre de 2016 dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, por la cual se le impuso al accionante la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de ejecución de dicha Resolución.
Palabras clave
inhabilitaciónsancionesderecho a la defensaprincipio de proporcionalidadprincipio non bis in idemcontrol administrativo