Sentencia N° 728 Político-Administrativa TSJ 2000: Jose Viera DA LUZ vs Julio Cesar Garcia Gaitan — Regulación de jurisdicción en…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción en un caso de cumplimiento de contrato de arrendamiento. Se determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer la acción intentada por el demandante, confirmando la decisión del tribunal inferior que había declarado sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción. Además, se impuso una multa a la parte demandada por interponer una solicitud de regulación de jurisdicción infundada y se ordenó remitir el caso al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados por faltas procesales del abogado de la parte demandada.

Durante la vigencia de la diseminada legislación especial inquilinaria, contenida en el Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas y la Ley de Regulación de Alquileres y su Reglamento común; el tratamiento jurisprundencial que sobre dicha materia había efectuado la Sala mediante reiterado fallos, puede sintetizarse en la distinción de aquellos contratos de arrendamiento destinados a vivienda o habitación, de aquellos sometidos al uso comercial o industrial. Respecto de los primeros, sólo resultaba procedente la falta de jurisdicción del juez ordinario frente a la Administración Pública para el caso en que se tratase de: a) un contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado, en cuyo caso, la legislación permitía la terminación del contrato por la voluntad unilateral del arrendador, es decir, el desalojo y b) que en los contratos de arrendamiento destinados a vivienda o habitación, el objeto principal de la controversia no fuera otra sino, el desalojo por voluntad unilateral del arrendador; quedando excluidas aquellas pretensiones distintas, tales como el caso de la resolución del contrato por incumplimiento, la anulabilidad del contrato, la acción de cumplimiento aún cuando se fundamentase en el deber de devolución del inmueble al termino del plazo prefijado y, en los casos de controversias relacionadas con la terminación del contrato cuando el inmueble arrendado sea enajenado en los términos previstos en los artículos 1.604, 1.605 y 1.607 del Código Civil. En definitiva, la Administración Pública a través de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Desarrollo Urbano (ahora Infraestructura) y las Direcciones de Inquilinato de las Alcaldías del interior de la República, poseían jurisdicción para dirimir los conflictos por desalojo, para el único caso de los contratos de arrendamiento a tiempo indeterminado destinados a vivienda o habitación por las causales taxativas contenidas en el artículo 1º del Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas (DLDV).

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por el ciudadano JOSE VIERA DA LUZ contra JULIO CESAR GARCIA GAITAN. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a-quo en fecha 8 de Abril de 1999. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que el presente caso existen fundados indicios de que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en el los artículo 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Miranda, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la conducta y responsabilidad ética del Abogado PETER PAOLO SNACHEZ SINISGALLI Inpreabogado Nro. 54.815, debiendo informar a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.