La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la demanda de nulidad interpuesta por Francisco José Del Valle Campos Ramírez contra la Resolución N° 019784, que lo separó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La demanda fue declarada sin lugar, argumentando que se garantizó el derecho a la defensa y el debido proceso durante el procedimiento administrativo disciplinario. Se concluyó que el acto impugnado no adolecía de inmotivación y que el demandante tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la sanción.
Extracto de la motiva
Que de la Resolución impugnada no se desprenden los hechos “que permiten una individualización de la conducta, para luego buscar sus coincidencias con las fisonomías del ilícito disciplinario descrito en la Ley”. En cuanto a la fundamentación legal indica que “se aprecia que las normas legales citadas solo hacen referencia a las potestades y atribuciones legales, de los funcionarios disciplinadores (sic) a la indicación de la separación como medida disciplinaria a las potestades y competencias del Consejo de Investigación y a la potestad de recomendación del Consejo de Investigación [pero] en nada se hace mención a la norma utilizada para calificar el ilícito disciplinario”. (Agregado de la Sala). Denuncia además, que “no hay señalamiento alguno a los alegatos de [su] representado al menos los sostenidos en la Audiencia Oral del Consejo de Investigación, una de las pocas oportunidades que tuvo de ser oído (sin conocer los hechos por los cuales se le investigaba) pero al menos ser escuchado pidiendo ser informado del porqué de la investigación…”. (Sic). (Agregado de la Sala). Que el Consejo de Investigación “es el órgano que tenía la responsabilidad de establecer los hechos mediante la obtención e incorporación de los órganos de pruebas y la correspondiente valoración de los mismos”. Indica que “una vez establecidos los hechos, el Consejo de Investigación tiene la potestad y obligación legal de la subsunción en la norma típica del ilícito disciplinario establecido”. Denuncia que “no es la opinión de comando a quien le corresponde el establecimiento de los hechos y la encuadrabilidad legal” ni “tampoco es la Inspectoría General del Ejército a quien corresponde la determinación de los hechos y su encuadramiento a la hipótesis legal”. Que “esa instancia de investigación solo puede recabar elementos indiciarios que servirán de motivo para el inicio de la investigación disciplinaria y el sometimiento al Consejo de Investigación”. Manifiesta que “la sanción impuesta a [su] representado [fue] el producto de una investigación preliminar y no la labor que legalmente tiene el Consejo de Investigación cuyo resultado debía ser impuesto a [su mandante] para que ejerciera una oportuna, razonable y adecuada respuesta y así poder concluir (…) con un resultado de establecimiento de los hechos y subsunción legal y con las consecuentes recomendaciones”. (Agregados de la Sala).
Dispositiva
Se declara SIN LUGAR la demanda de nulidad incoada por la representación judicial del ciudadano FRANCISCO JOSÉ DEL VALLE CAMPOS RAMÍREZ, contra el acto denegatorio tácito derivado del silencio administrativo verificado frente al recurso de reconsideración ejercido en fecha 5 de octubre del año 2017, ante el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, contra la Resolución N° 019784, de fecha 06 de julio del año 2017. En consecuencia, se declara FIRME el acto impugnado.
Palabras clave
nulidadacto administrativoseparaciónFuerza Armadaderecho a la defensa