Sentencia N° 72 Político-Administrativa TSJ 2001: Jesus S. Villanueva vs C.A. Electricidad de Oriente (Eleoriente)

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una demanda interpuesta por JESUS S. VILLANUEVA contra C.A. ELECTRICIDAD DE ORIENTE (ELEORIENTE) por daños materiales. Se determinó que la Sala era competente, dado que la empresa demandada es del Estado y la cuantía de la demanda excede los cinco millones de bolívares, cumpliendo así con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

El artículo 42, numeral 15º de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece: “Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: ...omissis... 15º: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad.” De la norma anteriormente transcrita, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, se constata que, a los efectos de determinar la competencia de esta Sala Político Administrativa para conocer de las acciones que se interpongan contra alguna empresa del Estado, es necesario se den los siguientes supuestos: a) que el Estado tenga participación decisiva; b) la cuantía exceda de cinco millones de bolívares; y c) su conocimiento no esté atribuido a ninguna otra autoridad. Ahora bien, en el caso de autos se observa que: a) La parte demandada, es la C.A. ELECTRICIDAD DE ORIENTE (ELEORIENTE), la cual, según se constata de su documento constitutivo y estatutario y de la jurisprudencia reiterada de esta Sala, es una empresa del Estado venezolano, cuyos únicos accionistas son: la C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) y el Fondo de Inversiones de Venezuela. b) Los daños y perjuicios demandados se estimaron en la cantidad de OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS BOLIVARES CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 8.251.816,93), por lo que evidentemente excede del mínimo exigido; y c) La competencia no ha sido atribuida a ninguna otra autoridad. En consecuencia, visto que el asunto bajo análisis reúne los extremos de los supuestos previstos en el numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia SE DECLARA COMPETENTE para conocer del presente caso y, así se decide.

Con fundamento en las precedentes consideraciones, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y de Estabilidad Laboral del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, en virtud de la decisión de fecha 23 de noviembre de 2000. SEGUNDO: Ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, para que la causa continue su curso en el estado en que se encuentra, previa notificación de las partes. TERCERO: Ordena remitir, con oficio, copia certificada de la presente decisión al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y de Estabilidad Laboral del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.