La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la solicitud de suspensión de efectos de una resolución de la Contraloría General de la República que impuso una sanción de inhabilitación. El recurrente alegó la ilegalidad de la resolución y la existencia de un perjuicio irreparable. Sin embargo, la Sala determinó que no se cumplían los requisitos necesarios para la procedencia de la medida cautelar, específicamente el fumus boni iuris, lo que llevó a declarar improcedente la solicitud.
Extracto de la motiva
Corresponde a la Sala decidir la medida cautelar solicitada. Al respecto es criterio reiterado de este Alto Tribunal, que la suspensión de efectos prevista en el aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, constituye una medida preventiva establecida por nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una decisión que eventualmente pudiera resultar anulada, porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso. En estos casos, el Juez debe velar porque su decisión se fundamente no sólo en un alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real.
Dispositiva
Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la presente solicitud de suspensión de efectos de la Resolución N° 01-00-000149 de fecha 28 de junio de 2007, dictada por la Contraloría General de la República, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 01-00-000298 de fecha 19 de octubre de 2006, que le impuso al recurrente sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (03) años.